El informe de la Contraloría General de la República que entregó observaciones a la subfase de diseño del Puente Chacao en materias como la supervisión del contrato, plazos y examen de cuentas, llevó al grupo Defendamos Chiloé a buscar la forma de detener las construcción del viaducto.

De esta forma, los grupos que se oponen al proyecto han señalado que el dictamen de Contraloría reafirma su posición respecto a la “ilegalidad” de la obra, respaldando los cuestionamientos que se han hecho contra el proyecto que han evidenciado en los últimos tres años.

Según señala La Estrella de Chiloé, el informe consideró el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de enero de 2017, el cual buscó verificar si en la subfase de diseño la inspección fiscal y entes del ministerio con competencia en la materia intervinieron en la oportunidad y condiciones previstas.

El órgano contralor detalla que en el Departamento de Proyectos de Estructuras de la División de Ingeniería y en los departamentos de Puentes y Laboratorio de Vialidad se concluyó que para la revisión del diseño definitivo entregado por el consorcio constructor, las aludidas áreas no recibieron instrucciones específicas por parte de la inspección fiscal respecto de qué materias o sobre qué antecedentes debían efectuarla, situación que da cuenta de que en respecto a este punto dicho funcionario no desarrolló cabalmente sus funciones establecidas en las bases de la licitación.

«La Dirección de Vialidad deberá instruir a quienes encomendó la obligación de fiscalizar el cumplimiento del contrato, que lleven un control oportuno del mismo, de acuerdo con lo mandatado en las bases de licitación, emitiendo solicitudes detalladas de los requerimientos que se generen y velando por la pertinente participación de las distintas unidades y profesionales que conforman la estructura dispuesta para la ejecución de este proyecto«, precisa el documento.

Entre las conclusiones está que «la inspección fiscal no había requerido al contratista una actualización de su programa de trabajo aunque para las correcciones del diseño le ha otorgado 340 días en total -250,60 y 30 días, respectivamente, prórroga que ha extendido la subfase de diseño -no ahí el plazo del contrato- a un período en el cual, según el mismo programa, el contratista ya debiera encontrarse realizando faenas en terreno”.

«Se evidenció que carecía de un documento actualizado que refleje el desarrollo real del contrato y las actividades en ejecución y que evidencie de qué manera este último logrará recuperar en la subfase de construcción el tiempo que ha sido utilizado en efectuar las correcciones requeridas al diseño, pese a que inicialmente fue previsto para realizar trabajos en terreno«, añade.

Además, la Contraloría establece que «la entidad auditada deberá arbitrar las medidas que sean necesarias para evitar la reiteración de situaciones como las descritas, llevando un control permanente y oportuno del plazo de cada etapa y del total del contrato, dada su envergadura y complejidad, tomando decisiones en base a análisis detallado de los antecedentes completos, adecuados y actualizados para exigir su fiel y oportuno cumplimiento«.

Otro aspecto que descubrió la indagatoria de la Contraloría fue que las situaciones vinculadas al desarrollo de este proyecto que se generaron fuera del periodo, comprobando que el inspector fiscal aprobó un programa oficial de trabajo de 18 meses para la subfase de diseño definitivo, lapso superior al periodo de 12 meses definido en la oferta adjudicada, lo cual va contra lo que establecen las bases de licitación.

«Procederá a instruir un procedimiento disciplinario con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de las situaciones anteriores«, explica.

Ante todos los argumentos de la Contraloría, Defendamos Chiloé señala que «tal como lo señaló la Asociación de Ingenieros de Obras Públicas de Chile, en cartas públicas, el MOP no cuenta con la competencia profesional-técnica para desarrollar las funciones que la ley exige ante este tipo de obras públicas«.

«Se desprende que funcionarios encargados de fiscalizar el cumplimiento del contrato no están exigiendo el cabal cumplimiento de este, no cuentan con mecanismos de control adecuados, ni cuentan con antecedentes idóneos ni fundamentos adecuados para ejercer su labor, lo que es altamente peligroso para los intereses de todos los chilenos y chilenas y el uso adecuado de dineros del Estado, según mandata la Constitución de la República«, explican.

Desde este punto, Defendamos Chiloé expone que «es de extrema gravedad que tampoco se estén cursando las multas que exige el contrato, reglamento MOP y la ley chilena. Con tres años de retraso reconocido por el ministro y los nuevos antecedentes, tenemos la certeza que se cumplen todos los requisitos para poner fin al contrato«.

Por tal motivo, piden al Presidente Sebastián Piñera poner fin al contrato del Puente Chacao e inicie un diálogo serio, responsable y respetuoso con los habitantes de la isla.