Los últimos ciberataques a distintos bancos han demostrado la fragilidad del sistema y provocado la incertidumbre de los usuarios por el grado de seguridad ante este tipo de hechos, por lo que el gobierno enviará al Congreso tres proyectos de ley destinados a la ciberseguridad ante este tipo de delito.

Según señala La Tercera, en 2015 la unidad de seguridad informática del Ministerio del Interior, a la cual está conectada toda la red computacional del Estado, detectó poco más de 159 millones de “patrones maliciosos de ingreso”.

Además, hay que recordar que hacker vulneraron los sistemas del Banco de Chile y robaron 10 millones de dólares desde las cuentas que tenía en Hong Kong, considerado el robo cibernético más grande reportado en el país.

En ese orden, el pasado 25 de julio se produjo otro “incidente” como la filtración de 14 mil tarjetas de 12 bancos y tiendas de retail, información que fue difundida por el grupo de hacker ShadowsBrocker, quienes exigían a los bancos el pago de 200 bitcoins, cerca de un millón y medio de dólares para no propagarla.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien además preside el Comité Interministerial de Ciberseguridad, fue claro en señalar que con los últimos episodios de ciberataques “hemos demostrado debilidad”.

Añadió que “me preocupa que hoy no tengamos una legislación que nos permita saber cuáles son los delitos informáticos, cuáles son las penas asociadas, cuál es el marco de ciberseguridad”.

Por todos estos ataques cibernéticos es que el gobierno enviará al Congreso, en los próximos días, tres proyectos de leyes, lo que deberán ser tramitados con el carácter de suma urgencia.

Uno de estos, el cual será enviado antes del 26 de agosto, es el que dice relación con la modernización de delitos informáticos y que modificará la ley vigente desde 1993 cuando no existía internet en Chile.

La idea es establecer nuevos delitos como introducir virus en el sistema informático de un banco para robar dinero, o vulnerar los correos electrónicos. Además, se incluyen cambios en el Código Procesal Penal  para facilitar la persecución de estas nuevas figuras penales.

Otro de los proyectos que serán enviados al Parlamento, antes del 26 de septiembre, es el de infraestructura crítica y que definirá los servicios y áreas productivas estratégicas, tanto públicas como privadas a las que se pedirán mayores estándares de seguridad y que incluye al sistema financiero, lo sistemas de telecomunicaciones, de energía, transporte, agua potable y sanitarias, clínicas y hospitales como también la gran minería.

Además, el proyecto contempla penas más altas para los hackers que ataquen servicios de infraestructura crítica para el país.

También en septiembre, de acuerdo a lo que señala Ubilla, el gobierno enviará la ley marco de ciberseguridad, el cual no solo definirá lo que es ciberseguridad, sino que también la forma de combatirlo.

La idea de la ley es crear un Equipo de Respuesta Computacional a la Emergencia (Cert, en su sigla en inglés), la cual es una unidad multidisciplinaria que tendrá facultades para exigirle a las empresas privadas que entreguen información sobre los incidentes que los han afectado y proponer medidas de solución.