Una férrea defensa a la libertad que tiene la prensa para dar a conocer los abusos sexuales y de poder cometidos por personajes públicos hizo el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, en referencia a los reportajes que destaparon el comportamiento del director de televisión, Herval Abreu, y del cineasta Nicolás López.
En su columna en El Mercurio, Peña sostiene que “N. López y H. Abreu, después de esos reportajes, en los que se recogen testimonios que se firman con nombres y apellidos, han visto su reputación por los suelos; y con prescindencia de lo que diga la justicia, se les recordará como los abusadores que esos reportajes describen. ¿Es correcto eso? ¿Cuáles son los límites de la prensa a la hora de denunciar abusos sexuales? ¿Hay algún límite o simplemente no debe haber ninguno? Una distinción parece resolver el problema”.
En ese sentido, el académico explica que cuando se trata de denunciar abusos de funcionarios públicos, los límites de la prensa debe ser mínimos, ya que “los funcionarios públicos monopolizan el poder coactivo del Estado y es natural que si la sociedad les entrega tamaño poder, les exija, a cambio, que sometan su quehacer a la vigilancia y el escrutinio de los medios. Pero la situación parece distinta cuando se trata de una persona privada en el ámbito de sus interacciones cotidianas”.
“En este caso no se está en presencia de un poder estatal que justifique, a primera vista, la intromisión de la prensa. Alguien podría afirmar que la prensa, cuando escudriña un círculo social a fin de descubrir y hacer pública una conducta sexualmente abusiva (como ha ocurrido con Abreu o López), está excediéndose. ¿Acaso una persona privada no tiene derecho a que sus actos, si se los juzga reprochables, los juzgue un tribunal en vez de la prensa? Está bien, podría decirse, que los actos de un funcionario público se ventilen al menor descuido; pero, podría concluirse, no es razonable que algo así ocurra con personas privadas, individuos que no administran ni el poder estatal ni manejan fondos públicos. ¿Es correcto ese argumento? No, no es correcto”, precisa.
Al respecto, Peña sostiene que a pesar que López y Abreu son personas privadas, “gente no administra el poder estatal” también deben ser puestos en el escrutinio públicos, puesto que “los abusos sexuales no son solo abusos sexuales. Se trata de conductas que en la mayor parte de los casos son fruto de costumbres y prejuicios enraizados que apenas hasta ayer parecían autorizados a quienes poseían posiciones de poder”.
“No se trata de casos que sean solo atribuibles al sujeto que ejecuta los actos; también, y esto es lo que los transforma en asuntos de interés público, se trata de actos abusivos, invasivos del cuerpo ajeno, en los que se revela una atmósfera de costumbres, una maraña de usos sociales generalmente admitidos de los que el abuso particular que la prensa denuncia es una muestra. Si la prensa (por excesivos escrúpulos legales o por el temor de invadir la intimidad ajena) se inhibiera de investigar y dar a conocer, por esa vía, la atmósfera cultural que a veces los estimula y los permite, esos actos seguirían ocurriendo amparándose en la sombra de las interacciones privadas y sin que ninguna reflexión crítica, como la que la prensa ha desatado por estos días, los revele en su verdadero significado”, señala.
“Suele olvidarse, pero la dignidad de la prensa no solo deriva del papel que ella puede cumplir a la hora de limitar el poder del Estado, haciendo el escrutinio de la conducta de los funcionarios públicos, también esa dignidad deriva del hecho de que la prensa contribuye a lo que pudiera llamarse la mejora de la cultura, al hacer a las personas más conscientes de los usos sociales que envuelven su conducta y al obligar, a quienes leen los periódicos o miran la tele, a volverse más reflexivos y más atentos a lo que, hasta apenas ayer, consideraban correcto e indigno de atención”, explica.
Y añade que “es verdad que la prensa es a veces fuente de abusos (desde luego ella, que hoy denuncia los abusos sexuales, también hizo su aporte a la cosificación de la mujer) y que en ocasiones se ejerce con simple frivolidad, y también es cierto que, por amor a las audiencias, por momentos encanalla la vida cotidiana sin motivo alguno. Pero nada de eso es lo que ha ocurrido estas semanas, en que la prensa ha develado el abuso y la invasión del cuerpo ajeno que se anida en conductas que parecían inocentes, pero que ahora, gracias a la prensa que las puso a la vista y las describió, empezarán, es de esperar, a ocurrir menos”.
Por tanto, Peña concluye que “la prensa tiene, junto con el control del poder público, ese deber, por llamarlo así, civilizatorio de las costumbres, consistente en mostrar en la forma elocuente de un reportaje o de una noticia hasta qué extremo se llega cuando se deja a las costumbres y a la conducta ejecutada a su sombra andar por su cuenta y sin reflexión crítica alguna”.
