El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, salió al paso de los reclamos del ex ministro Pablo Longueira, descartando que exista una persecución en su contra e insistiendo en que existen pruebas suficientes para acusarlo del delito de cohecho.
“La verdad es que respecto del señor Longueira ha habido solo acciones de igualdad ante la ley, él no puede pretender ni presumir que por la investidura que ha tenido se le diese un tratamiento distinto al que se le da a cualquier persona en Chile”, aclara el persecutor en entrevista con La Tercera.
En ese sentido explica que “en la Quinta Región nosotros hemos hecho persecución penal de muchos políticos: el señor Urízar (PS); acabamos de obtener una condena de 10 y 1 en contra de Cinthya Marín, quien es cuñada de una parlamentaria de RN, es decir, si como fiscales debiésemos anteponer a nuestras acciones la condición de un determinado sujeto, lo que estamos haciendo es dividir Chile en dos y no podemos dividir Chile en dos: todos somos iguales ante la ley y así está en la Constitución Política”.
En cuanto al emplazamiento que le hizo el ex timonel de la UDI de no irse del país y “hacerse responsable personalmente del resultado de este proceso penal”, Gómez sostiene que “asumí el cargo de fiscal regional en diciembre de 2010 y su duración está establecida en la Constitución en un período máximo de ocho años no renovables. De suerte tal que, en diciembre de este año, mi cargo como fiscal regional expira. No es que yo decida no quedarme, me tengo que ir”.
“En lo personal, hubiese querido que el juicio se desarrollara mientras fuera fiscal regional, pero ante una petición de reapertura de la defensa no me corresponderá a mí hacerlo. Ahora, sea yo u otro fiscal, acá quien investiga es el Ministerio Público, no una persona en particular, y detrás de mí hay un equipo de excelentes fiscales que llevarán este caso a juicio”, agrega.
Respecto a lo expresado por Longueira que es fácil acusar “sin fundamento y luego fugarse de sus obligaciones”, el percutor señala que “eso no es cierto en lo absoluto. Detrás de esta decisión hay un equipo de seis fiscales, la mayoría de mi región, más Carmen Gloria Segura, de la Fiscalía Centro Norte, y entre todos hemos ido tomando decisiones de acuerdo al mérito de los antecedentes. Llegó el momento en que la investigación se encontró agotada y el equipo completo tiene la convicción de que al señor Longueira le cabe participación como autor en un delito de cohecho. Intentar personalizar en mí la persecución penal respecto del señor Longueira o de cualquier persona es un hecho que nos aleja de la ley. No tengo nada en contra del señor Longueira ni de ningún sujeto que me ha tocado acusar en estos 17 años que llevo como fiscal”.
Sobre el reclamo del ex ministro en cuanto a que se le ofreció una salida alternativa, Gómez explica que “esos eran los antecedentes que nosotros teníamos a la vista, y en esos términos se conversó con la defensa. No me gusta, y creo que falta a la ética, develar conversaciones privadas en el contexto de investigación. Sin embargo, ellos han abierto el punto y por eso me siento con la posibilidad de poder responderlo. Fue en ese contexto, estamos hablando del año 2016, cuando atisbábamos que dentro de las diligencias de investigación podríamos caer en la figura del inciso segundo del 248 bis, que habla más bien de un cohecho vinculado a un tráfico de influencias. En palabras simples, un funcionario público (Longueira) que ocupa su influencia con otro funcionario público (ministro de Segpres)”.
“Lo que pasó fue que seguimos avanzando en la investigación y levantamos toda la contabilidad de las fundaciones del señor Longueira. Logramos determinar todos los pagos que hizo a Copra S.A. (inmobiliaria fundada por él) con dineros de SQM, que era una deuda que tenía el señor Longueira; logramos establecer que, por ejemplo, los pagos a las fundaciones cesaron y se renovaron por el mismo monto, al mes siguiente, a una sociedad que tenía Longueira con su señora, Cecilia Brinkmann. Todo eso nos permitió darnos cuenta de que estas conductas caían precisamente en la figura del inciso primero, del cohecho propiamente tal”, aclara.
Y afirma que “cuando nos metimos en las cuentas corrientes, en la contabilidad, nos dimos cuenta de que esto ya era aún más profundo que esta influencia que ejerce el señor Longueira como el jefe o el dirigente principal de la derecha chilena, en un momento en que él interviene directamente con la Secretaría General de la Presidencia. ¿Qué persona en Chile tiene esa facultad de escribir un correo, haciendo propia una ley que se había redactado en las oficinas de la minera y la envía directamente a la Segpres, entra al Congreso y el propio senador la aprueba como ley de la República, entre otros senadores? Tras hacer nuevas diligencias nos fuimos convenciendo hasta el día de hoy que el hecho más bien es el cohecho que hemos imputado. Pero eso hoy, 2018, tenemos pruebas suficientes como para sostener el cohecho en el juicio oral”.
“Los actos que ejecuta el señor Longueira son con una grave infracción a los deberes de su cargo de senador, de eso no tenemos ninguna duda, y los pagos que se han hecho están dentro de la hipótesis del cohecho cuando nos dicen que el beneficiario de esto puede ser la persona o un tercero. Aquí nosotros hemos logrado acreditar que prácticamente el 90% de los dineros que ingresaban a las fundaciones que el señor Longueira manejaba, administraba, era el fundador, socio principal y presidente vienen de una sola fuente: SQM. Durante muchos años. Además, toda la emisión de las boletas eran de su círculo cercano. Carmen Luz “Titi” Valdivielso es la persona más cercana al señor Longueira y es la que genera toda esta forma de allegar dineros tanto de las fundaciones como a través de la emisión de boletas falsas. Son más de tres años de investigación, hay más de 250 tomos, hemos tomado cerca de mil declaraciones, hay un trabajo en profundidad y de eso consta la acusación”, insiste el persecutor.
Gómez reitera para dejar en claro que “de nuestra boca nunca ha salido la expresión ‘salida alternativa’, nunca la hemos ocupado. Sí planteamos la posibilidad de un procedimiento abreviado, es decir, un juicio ante un juez de la República donde él acepta los hechos y nosotros, insisto, con los antecedentes que teníamos en esa época, podíamos pensar que se trataba de la figura de tráfico de influencia, pero luego planteado a sus defensores, ellos no nos responden, sino que salen en la prensa diciendo que no iban a aceptar un abreviado. Continuamos con la investigación y hoy día, dos años después, habiendo agotado todas las diligencias de investigación, nos damos cuenta de que el actuar del señor Longueira se encuadra perfectamente en la hipótesis de cohecho que hemos acusado”.
