El 9 de julio un representativo grupo de personalidades de los ámbitos de la política y la cultura entregamos una Declaración en Defensa de la Democracia en Brasil y del Presidente Lula. En ella expresábamos nuestra preocupación por la crisis política que sacude a ese gran país latinoamericano desde que un Impeachment, de muy discutible legitimidad sustantiva, destituyera a la Presidenta Dilma Rousseff e instalara a Michel Temer, su Vicepresidente, en la Primera Magistratura. Ello provocó una severa fractura tanto en el sistema político como en la sociedad brasileña.
El Presidente Temer tiene el más bajo nivel de aprobación ciudadana desde el restablecimiento de la Democracia en 1989: entre un 3 y un 5% según todas las encuestas. Se ha librado de un juicio por corrupción, en el que el país ha sido testigo de contundentes evidencias en su contra, solo porque la mayoría parlamentaria que lo sustenta no aprobó la iniciación del procedimiento judicial, condición que exige la Constitución brasileña para enjuiciar a un Presidente en ejercicio. El juicio está suspendido hasta el 2 de Enero del próximo año, cuando Temer culmine su mandato.
Respecto del Presidente Lula hemos afirmado que no puede ser declarado culpable por los delitos de corrupción pasiva por los que ha sido condenado por un juez de primera instancia y un Tribunal colegiado, hasta que no se agoten todas las instancias de apelación, de las que aún está pendiente al menos una: El Consejo Superior de la Justicia, y eventualmente otra en el Supremo Tribunal Federal. Nos amparamos para esta afirmación en la Constitución del Brasil, que establece taxativamente en su artículo 5to que “nadie será considerado culpable hasta la firmeza de la sentencia penal condenatoria”. Lula no tiene sentencia firme, por lo tanto goza del derecho constitucional de la presunción de inocencia, propio de todo Estado de Derecho en forma.
Es evidente que en estas circunstancias jurídicas impedir que Lula compita en la próxima elección presidencial de octubre sería completamente arbitrario, teniendo en cuenta que es la figura política más popular del país: todas las encuestas de opinión lo dan como ganador en primera y segunda vuelta a una considerable distancia de todos sus eventuales oponentes. La elección presidencial y parlamentaria de este año debería ser la ocasión para que Brasil comience a superar la crisis política en que ha estado sumido por lagos dos años, eligiendo un Presidente mediante el voto popular y renovando toda la Cámara de Diputados y una parte sustancial del Senado. Una elección sin Lula tendrá inevitablemente un déficit de legitimidad, que ha sido subrayado por numerosas personalidades y medios de comunicación en todo el mundo.
En la Declaración que comentamos nos hemos hecho cargo de manera explícita de nuestra preocupación y condena al sistema de corrupción que afecta a la política, al Estado y a buena parte del empresariado de ese país.
Es sorprendente la virulenta reacción que ha producido esta Declaración en los principales diarios del país, en una parte de los dirigentes políticos y en una variopinta gama de analistas. Se nos ha dicho de todo: que amparamos la corrupción, que tenemos un doble estándar para proteger a los amigos y denostar a los adversarios, que nos inmiscuimos impropiamente en asuntos internos de un país hermano donde existe un Estado de Derecho ejemplar. Abundantes improperios y pocos argumentos, ningún interés en un debate informado y serio, por parte de los mismos que no pierden oportunidad de opinar referirse, con razón y sin ella, a la situación interna de muchos países de la región y del mundo. Ninguno de nuestros argumentos ha sido rebatido con rigor y altura.
La solidez de la Democracia Brasileña nos incumbe todos los latinoamericanos. Pocas dudas caben que en estos años se ha fragilizado. Alertar sobre ello es un deber de ciudadanía.
