Un grupo de diputados de RN advirtieron este lunes que recurrirán a todos los “medios posibles” para revertir el dictamen de la Contraloría sobre la objeción de conciencia en el aborto por las tres causales, calificándola como una “intromisión política”.
A través de un carta en El Mercurio, los diputados Diego Schalper, Miguel Mellado, Camila Flores, Cristóbal Urruticoechea, Catalina del Real y Harry Jürgensen estiman que el dictamen de la Contraloría sobre el tema de la objeción de conciencia fue un “acto de suma gravedad”.
Y explican que lo grave radica en que “sostuvo principalmente que las entidades privadas que colaboran con el Estado en las prestaciones de salud deben ser tratadas confirme a las mismas reglas del aparato estatal”.
De acuerdo a su posición, los legisladores señalan que “esto representa una intromisión indebida en el campo político por parte de Contraloría. En vez de restringirse al control de la legalidad, hace suya una visión política muy perjudicial para la sociedad civil, desconociendo la libertad de asociación y reduciendo lo público a lo estatal”.
“Lo anterior debiese encontrar oposición en distintos sectores políticos e ideológicos. Así, para un liberal es inaceptable sostener que el ejercicio de funciones públicas por parte de una entidad privada la transforme en una extensión del aparato estatal. ¿Qué quedaría de la sociedad civil y de la autonomía de los cuerpos intermedios en ese escenario? ¿Cómo debiese reaccionar un liberal ante semejante extensión del Estado?”, se preguntan.
Los diputados oficialistas explican que “para aquellos que actuamos políticamente desde la solidaridad y desde el fomento del rol público de los grupos sociales, la tesis de la Contraloría es inadmisible, pues supondría establecer que el desarrollo de funciones públicas solamente es posible desde el Estado”.
Sin embargo, estiman que “eso no solo atenta contra la responsabilidad de las personas en la búsqueda de sus propios fines (dígase solidaridad), sino además desconoce la vigencia y fuerza de la colaboración público-privada en varias funciones públicas, tales como la educación, la reinserción penal, la protección de la infancia, etcétera. ¿Será que el dictamen quiere terminar con el rol de las personas organizadas en esos espacios?”.
Finalmente los parlamentarios explican entender el dictamen, afirmando que el anuncio del gobierno es un “acto administrativo forzado por la tesis que criticamos”, pero advierten que el debate no está finalizado y, por lo tanto, “debemos emplear todos los medios posibles para revertir el contenido del dictamen. Quienes valoran las libertades básicas y el Estado de derecho no pueden quedar indemnes ante la lamentable intromisión de la Contraloría”.
