La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) manifestó su rechazo absoluto a la tramitación del Proyecto de Ley que crea un Estatuto Laboral para Jóvenes Estudiantes de Educación Superior que despojaría a los trabajadores jóvenes de derechos laborales adquiridos. Según el presidente de la Agrupación, Carlos Insunza, se trataría entre otras cosas de un contrato de trabajo que abarca un período de la vida que es absolutamente excesivo. “No es viable que trabajadores puedan pasar cerca de un cuarto de su vida laboral, entre los 18 y los 29 años, bajo un contrato de formato especial, que afectará no sólo el desarrollo de sus remuneraciones, sino que también la posibilidad de percibir una pensión digna al final de su vida laborar y al momento que les corresponda pensionarse”, sentenció.
Para la organización gremial resulta de primera importancia desarrollar políticas públicas e iniciativas que permitan enfrentar las altas tasas de desempleo juvenil, no obstante, señalaron tener la convicción de que la legislación que se someterá a consideración en la Cámara de Diputado, sólo beneficiará al empresariado, por cuanto abre brechas inaceptables de precarización del empleo. “Este Proyecto de Ley constituye un profundo retroceso en la construcción del trabajo decente y de avanzar en modalidades de trabajo que promuevan el empleo juvenil en nuestro país. El formato de jornada de Contrato Alternativo o fragmentado le permitirá, al empleador, gracias a su condición privilegiada de poder, pagar sólo el tiempo que él considere trabajado”, explicó Insunza.
Finalmente, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales señaló a los medios de comunicación que no es viable que el Estado empleador utilice modalidades de estas características para contratar personal. En las instituciones del Estado que contratan bajo modalidades de código del trabajo, y en el conjunto de las instituciones que contratan a empresas privadas que se rigen por el código laboral, debe quedar absolutamente clara la inviabilidad de que contratos alternativos o fragmentados, puedan ser utilizados en el Estado y en ningún momento del cumplimiento de una función pública.
