El Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, criticó el carácter público que pudiera tener el registro de evasores del Transantiago haciendo un llamado a las autoridades a contar con los más altos estándares de seguridad, recordando –de paso- que lamentablemente el único símil era el registro de pedófilos, esto tras reunirse con el diputado Gabriel Silber.
“El Consejo para la Transparencia durante la tramitación legislativa del proyecto de ley que crea el registro público de evasores del Transantiago en distintas instancias planteó su reparo a ese proyecto y a esa política, no creemos que la creación de registros de carácter públicos sea una buena política pública en general cuando hablamos de faltas”, señaló.
Drago recordó que el otro registro público que existe era el de pedófilos, por lo que según su parecer “todos entenderán los distintos reproches que puede haber de una sanción de carácter penal asociado a la pedofilia con una infracción administrativa por no pago de servicios de transporte público”
“Nosotros señalamos que no era conveniente la existencia de este registro en su carácter público. Un registro en manos del Estado de infractores para impulsar política era perfectamente viable pero no su acceso público”, recalcó
Según el titular de Transparencia, la ley estableció un sistema donde aplica la ley de transparencia para el acceso a ese registro con algunas limitaciones, sin embargo no se habló sobre la limitación de la notificación al tercero.
“La ley de transparencia obliga a notificar a los terceros cuando se solicita información relacionada con ellos por lo tanto es un procedimiento que hoy no debería estar excluido en los reglamentos y esta la ley de transparencia y se debe hacer valer. En la medida que lleguen amparos de la información asociados a oposiciones de terceros vamos a ir resolviendo caso a caso y en esa instancia vamos a resolver en definitiva lo que se hace”, espetó.
Para el Presidente del CPLT lo importante es que este registro cuente con los más altos estándares de seguridad, tener extremo cuidado de que no caiga en manos equivocadas, es decir que no pueda ser hackeada o accesible por un tercero.
“Las medidas de seguridad de la información que se tomen tienen que ser extremadamente estrictas y la utilización y el acceso público de este registro tiene que seguir los procedimientos de la ley de transparencia, además de velar por la notificación de los terceros”, afirmó.
Finalmente, Marcelo Drago reiteró que consideraba no conveniente el mencionado registro “en un entorno donde estamos intentando que se protejan los datos personales y donde ese tipo de información debe permanecer en manos del Estado y no ser de libre acceso”.
