La Comisión de Derechos Humanos será la encargada de analizar la moción presentada por las senadoras Adriana Muñoz y Ximena Rincón en orden a revocar la nacionalidad por gracia otorgada en 2006, al Cardenal y Arzobispo de Santiago, Riccardo Ezzati Andrello.

El Congreso concedió dicha distinción “como un reconocimiento a la fructífera y valiosa labor que durante más de 30 años desarrolló en beneficio de los desposeídos, particularmente, en actividades académicas, públicas y privadas, contribuyendo al progreso de la educación y al desarrollo y formación de los más necesitados».

Recordaron que en la moción que dio origen a la ley se ponía de relieve como uno de sus méritos ser miembro del Departamento de Vida Consagrada del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Es decir, algo así como una «persona notable y destacada, que exorbita el término regular en el estado de actividad que les es propio».

Sin embargo, lamentaron que “desde hace ya varios años la conducta del Cardenal Ezzati ha dejado de ser la de una persona notable y destacada y  ha dejado  de  tener con  la comunidad nacional  una vinculación real”.

Añadieron que “su actividad no se traduce en un beneficio efectivo y relevante para el país en el ámbito religioso ni constituye un servicio destacado a la República. Por el contrario, hechos públicos y notorios demuestran que su actividad ha alcanzado relevancia nacional pero no por lo bueno, beneficioso o ejemplar de su actuar, sino por lo negativo, perjudicial o mediocre de su conducta”.

En esa línea, mencionaron una serie de hechos como “la obstrucción para el conocimiento de la verdad y la justicia mediante acciones destinadas a impedir la asistencia de una de las víctimas de abuso sexual en el caso Karadima”.  Además de su conducta en cuanto al tratamiento de temas como el aborto, el matrimonio homosexual y la desigualdad en el país.