El decano del periodismo chileno, El Mercurio, tomó partido de las polémicas y cuestionamientos a la llegada de Julio Ponce Lerou a SQM, afirmando que la minera no metálica debió haber considerado la “prudencia” y las “repercusiones” que su nombramiento tendría en la imagen y reputación de la compañía.

En su editorial de este viernes, el periódico sostiene que la contratación de Julio y Eugenio Ponce como asesores de Soquimich, por acuerdo unánime del directorio, ha causado revuelo en todo ámbito.

Explica que la controversia se genera por la interpretación del alcance de la “inusual prohibición que se impuso a Julio Ponce y a sus familiares hasta segundo grado por consanguinidad, para ejercer cargos directivos y ejecutivos en esa empresa”.

En ese sentido, señala que “la inusual marginación de la familia Ponce de la gobernanza y gestión de SQM, de la cual eran entonces controladores indirectos, fue condicionada por Corfo y aceptada por la minera, y se gestó a raíz del destino de fondos de esa empresa a financiamientos ilegales para un amplio espectro de partidos y dirigentes políticos, durante la anterior presidencia y gerencia de ambos inhabilitados para esos cargos”.

“En efecto, por discutible que sea la imposición de la prohibición familiar por la contraparte, en un acuerdo transaccional; por evidente que sea el tenor restrictivo del excepcional convenio en esta materia; por clara que fuera la distinción entre la limitada responsabilidad de las asesorías y las amplias responsabilidades de las funciones ejecutivas y directivas”, añade.

El diario sostiene que “por razonada y transparente que fuera la contratación de los asesores, fundada en su amplia experiencia y conocimiento del negocio, de los procesos productivos, del desarrollo tecnológico, de las innovaciones incorporadas, de los clientes y del desarrollo comercial de los productos, el directorio de SQM debió considerar la prudencia y las eventuales repercusiones de esa contratación en el valor, imagen y reputación de la compañía”.

Finalmente, señala que “la mayor responsabilidad de SQM, de sus directores y de la Corfo es la de cumplir con el convenio entre ambas partes y fiscalizar que las polémicas asesorías se mantengan estrictamente en los límites que les son propios, exigiendo y velando para que sus titulares no asuman de modo alguno las responsabilidades gerenciales y directivas que les están prohibidas y, en caso de transgresión, adoptar las medidas y sanciones convenidas”.