El movimiento feminista que lleva más de un mes de toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cobró su primera víctima, ya que el decano Davor Harasic presentó esta tarde su renuncia “indeclinable” a su cargo.

El abogado envió una carta al recto Ennio Vivaldi en la que acusa que las paralizaciones y medidas de obstrucción de las actividades académicas “afectan gravemente la excelencia académica y pone en riesgo el proceso de fortalecimiento de la educación pública con el que nos hemos comprometido durante los últimos años”.

“Ajustamos la gestión administrativa y académica a los más altos estándares exigidos nacional e internacionalmente, y en una segunda etapa nos abocamos a intentar contribuir al fortalecimiento de la educación pública”, explica en su misiva en referencia al proyecto “La Chile crece por Chile” que aumenta la matrícula de la Facultad.

“Con satisfacción puedo afirmar que todas las medidas adoptadas han sido debatidas en los órganos colegiados de la Facultad, luego de diálogos siempre constructivos y enriquecedores”, agrega.

Sin embargo, advierte que “actualmente, la Facultad de Derecho está siendo ocupada ilegalmente por decisión mayoritaria de los estudiantes desde el 27 de abril de 2018. Sin perjuicio de señalar expresamente que, como le consta al Consejo Universitario, conozco y valoro el impulso entregado por mujeres estudiantes, académicas y funcionarias para avanzar en una transformación decisiva que se exprese en prácticas no sexistas, no discriminatorias, y encaminadas a la equidad de género en todas sus formas y a la supresión del abuso de poder, y del acoso sexual y laboral al interior de la Universidad de Chile, esta situación ha impedido el normal desarrollo de las actividades de docencia, extensión e investigación de la Facultad, hasta ahora, por 46 días”.

Y a renglón seguido, asegura que “lamentablemente, la presente ocupación ilegal de las dependencias de la Facultad está lejos de representar un fenómeno aislado. Cada año nos hemos visto obligados a enfrentar medidas de paralización y obstrucción del quehacer universitario, de menor o mayor intensidad, por parte de los estudiantes, las cuales han afectado gravemente el normal funcionamiento de la Facultad, contraviniendo así la característica básica de toda universidad pública, que es contribuir a la producción de conocimiento y a la formación de profesionales comprometidos con el devenir y el progreso intelectual y moral de la sociedad a la cual nos debemos”.