Un importante triunfo obtuvo el Partido Socialista en el Tribunal Constitucional, luego que este organismo decidiera acoger a trámite el requerimiento que busca dejar sin efecto el acuerdo alcanzado por el Ministerio Público y los imputados en el caso Penta.

El PS, que es querellante en el caso, presentó dicho requerimiento tras haber sido excluido del acuerdo que los involucrados, Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Délano y el ex subsecretario Pablo Wagner, alcanzaron para que se realizara un juicio abreviado y que cumplieran penas sustitutivas para sus delitos relacionados con el financiamiento ilegal de la política.

Enrique Aldunate, abogado querellante, señaló que «se solicita que se formule una suspensión en el procedimiento hasta que esto sea resuelto y eso en definitiva la sala del tribunal. Es una potestad que ellos tienen, una vez atendido el mérito de poder efectuar esa suspensión«.

Agregó en declaraciones que recoge radio Cooperativa que eso “implica que mientras la causa no sea resuelta por el tribunal, queda suspendida mientras esto se resuelva«.

Los diputados socialistas Marcelo Schilling, Fidel Espinoza, Juan Luis Castro y Leonardo Soto fueron los que presentaron el escrito la semana pasada ante el TC.

En ese sentido, Soto dijo que la decisión del tribunal «nos da la esperanza de que podamos impedir que esta operación de impunidad que se está desarrollando hoy día en el Ministerio Público y en la Fiscalía Oriente, que beneficia a todas estas personas que están acusadas de soborno, de cohecho, fraudes tributarios, como los controladores del grupo Penta, puedan ser llevados finalmente a un juicio oral y se les apliquen las penas que en justicia les corresponden, que tienen que ser de cárcel por la gravedad de los delitos cometidos».

Señaló que «este acuerdo al que está arribando el fiscal Guerra con estas personas parece darle la señal a la ciudadanía de que se puede dar un tratamiento especial a estas personas, distinto al que se da al común de los delincuentes«.

La argumentación del escrito se basa en que el acuerdo entre la fiscalía y el Ministerio Público trasgrede la Constitución por la igualdad ante la ley y el debido proceso, pidiendo que se declare inaplicable el artículo 406 del Código Penal, que establece la atenuante de colaboración sustancial.

En ese sentido, se espera que el próximo 13 de junio el Octavo Juzgado de Garantía conozca mayores detalles del acuerdo logrado entre el Ministerio Público y los imputados.