La Sala del Senado aprobó, por 22 votos a favor y 9 en contra, un proyecto de acuerdo donde se solicita al Presidente, Sebastián Piñera, que envíe «un proyecto al Congreso Nacional, cuanto antes, una iniciativa que modifique el Tribunal Constitucional, para, entre otras cosas, fije plazos breves y perentorios para la dictación de sentencia en los recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”.
Además solicitaron “establecer que, cuando se refieran a procesos penales por delitos de lesa humanidad, sean vistos preferentemente por dicho Tribunal; y disponer que, durante la vista del recurso, no sea posible paralizar la secuela del proceso penal en esta clase de delitos”.
El proyecto de acuerdo, fue presentado por los senadores Isabel Allende, Carolina Goic, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes, Yasna Provoste, Ximena Rincón, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos Weber, Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro, Jaime Quintana y Jorge Soria.
Los autores de la iniciativa señalaron que “actualmente en materia de derechos humanos se está comenzando a hilvanar una doctrina perniciosa que consiste en la reiterada concesión de la suspensión de los procedimientos judiciales mientras conoce de recursos de inaplicabilidad incoados por ex uniformados investigados por crímenes de lesa humanidad”.
Agregaron que “en efecto, de 30 causas de derechos humanos que se han ingresado al TC, entre noviembre de 2015 hasta e1 1 de abril pasado, a 21 se les ha aplicado la suspensión del procedimiento, 12 de ellos aún pendientes. Es así comprensible, la desazón de los familiares de DD.DD. al constatar que la mayor parte de los casos paralizados corresponden a la Región de Nuble, entre otras regiones”.
En ese sentido manifestaron que “los requerimientos de inaplicabilidad, están enderezados a cuestionar la legitimidad de los juicios, pero no cabe duda del evidente interés de entorpecer el avance de los procesos por crímenes de lesa humanidad. De este modo, es lamentable constatar que el TC se ha convertido en una verdadera trinchera para la impunidad. Sus magistrados no pueden desconocer que los victimarios prefieren morir antes de ir a la cárcel o, peor aún, prefieren que mueran las víctimas, sus familiares o testigos, antes que se dicte condena”.
Al respecto, puntualizaron que “el artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que este organismo tiene un plazo de 30 días contados para dictar sentencia, prorrogables por 15 días. Pero, este escenario difiere de la realidad, evidenciando un grave problema. Poco y nada han servido las acciones de advertencia al TC sobre la demora excesiva para fallar en los casos de lesa humanidad. Al parecer, los riesgos de la ‘impunidad biológica’ y las fugas de los victimarios no son los argumentos más potentes que puedan plantear los defensores de las víctimas para acelerar los procesos”.
