El fiscal Jorge Abbott no es amigo de los micrófonos. Cada vez que habla de más o cuando lo sacan de su ambiente de seguridad genera conflictos al nivel del ministro de educación, Gerardo Varela.

Esta vez fue en su cuenta pública, donde el máximo persecutor nacional “los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa, pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que afectan los cuórum de votaciones legislativas, alterando con ello la representación popular que sus miembros ejercen”.

Unos dichos que, al menos desde el Frente Amplio y sectores de la oposición, definen como un llamado a la justicia diferenciada para unos y para otros.

Palabras sacan palabras y ya el bloque alista las diez firmas que necesitan para, previa orden de la Corte Suprema, removerlo de su cargo.

Hoy fue la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, que comentó que respalda la iniciativa de los parlamentarios del sector “porque me parece que aquí hay varias discusiones pendientes y que el parlamento debe hacer valer parte de su rol, específicamente la Cámara de Diputados que es su labor fiscalizadora”.

En este punto, sumó que: “No pueden haber declaraciones que se hagan sin ningún tipo de consecuencia. Mi interpretación personal sobre lo que dice el fiscal Abbott es que haya justicia para unos y para otros”.

Chile Vamos rechaza la destitución, pero con matices

La presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, aseguró esta maniobra de la izquierda como activismo político que trata de generar activismo judicial. “Hay que ser cuidadoso de no instrumentalizar el Poder Judicial y creo que el tratar que la izquierda intente destituir al Fiscal Nacional porque dice algo que no les gusta es complejo”.

En Evolución Política (Evópoli), el jefe de la bancada de diputados, Luciano Cruz-Coke, criticó las declaraciones del persecutor y dijo que “a mí me gusta que ojalá la justicia actúe con premura para todos, que no haya tratos ni casos especiales. Hubo un punto que se quiso hacer sobre un trato preferente para parlamentarios y eso me parece que no va en la línea de lo que la ciudadanía está pidiendo”.

Sobre la petición del Frente Amplio, argumentó que “es una exageración, más aún si él volvió sobre sus palabras y trató de corregirlas”.

El gobierno calla

La ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, al ser consultada de la materia, aseguró que “creemos y respetamos las facultades del Parlamento en término de poder ejercerlas. En eso el gobierno no tiene nada más que comentar”.