Fue en octubre de 2014 cuando la Diputada Marcela Hernando intercedió ante la Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE), para que se priorizará un proyecto que entregaba una solución sanitaria a 34 familias de diferentes sectores de Antofagasta, entre ellos, las poblaciones Lautaro; Papic; Miramar y 18 de Septiembre.
En diciembre de ese mismo año, la Subdere aprobó el proyecto, permitiendo su concreción. Sin embargo, en julio de 2015, la parlamentaria volvió a oficiar ante reclamos de varios beneficiarios respecto de la lentitud para iniciar el proceso. Esta vez el requerimiento de la congresista fue dirigido al Contralor Jorge Bermúdez, quien ordenó una investigación especial a la Municipalidad de Antofagasta, unidad ejecutora de las obras que involucraban un inversión de $194.452.718.
Solicitud a Fiscalía
Tras la investigación, el ente fiscalizador respondió a la diputada Hernando, por encontrar “falencias constructivas en las casetas sanitarias, incumpliendo lo pactado en el contrato respectivo”, sin embargo, para la congresista lo más grave tiene relación con las adulteraciones al libro original de obra, lo que podría constituir el delito de falsificación de instrumento público; por ello la Contraloría envió los antecedentes a la Fiscalía Regional.
“Estas casetas sanitarias que estaban pendientes fueron gestionadas y tratamos de empujar los recursos para que esto se aprobara finalmente y se financiara, cosa que ocurrió, se construyeron las casetas, pero ante una serie de reclamos de los mismos vecinos se hizo una denuncia a Contraloría, la que respondió hace poco tiempo el resultado de esta investigación”, indicó la parlamentaria radical.
“Contraloría dice que durante el año 2016 ellos hicieron llegar los antecedentes a la fiscalía como una denuncia por un delito que es la falsificación de instrumento público, por el reemplazo de algunas hojas del libro de obras de la inspección técnica, la que tenía que ver qué era lo que estaba pasando con estas casetas. Hemos pedido desde la Cámara que se oficie a la fiscalía para preguntar en qué está esa investigación”, explicó Hernando.
Detalles
El informe final de Contraloría señala que “se verificaron modificaciones al libro de obras original, incorporando registros en forma posterior a la fiscalización practicada por esta Contraloría Regional, y en razón de aquello, la jefatura comunal deberá ordenar la instrucción de un sumario administrativo con la finalidad de investigar eventuales responsabilidades administrativas del o los funcionarios municipales involucrados en el hecho descrito”.
La respuesta enviada a la diputada Hernando añade que “cabe apuntar que, atendidas las características del libro de obras, su adulteración podría constituir el delito previsto en el artículo 197 del Código Pena (falsificación de instrumento público)l, por lo que esta Contraloría General remitirá los antecedentes respectivos al Ministerio Público, para su conocimiento y fines pertinentes”.
