Como parte del plan anual de trabajo el Consejo para la Transparencia iniciará un fuerte plan de fiscalización en las instituciones del Estado con el fin de velar por la correcta aplicación de la Ley de Transparencia que este año cumple 10 años desde su publicación.
“Cumplir con las exigencias de la Ley de Transparencia es cumplir con la ciudadanía, por eso un proceso de fiscalización es tan relevante para nuestra institucionalidad. Lo que hacemos con la fiscalización a las instituciones es contribuir en el control social que ejerce la ciudadanía. En la práctica todos y cada uno de los cuidadanos son fiscalizadores que pueden verificar el cumplimiento de las normas», afirmó el Presidente del CPLT, Marcelo Drago.
Este años 2018, serán fiscalizadas 824 instituciones en Transparencia Activa que estará especialmente focalizada materias como compras y contrataciones, actos con efectos sobre terceros y mecanismos de participación ciudadana. En lo relativo a derecho de acceso a la información Pública se fiscalizará con especial enfoque en la calidad de la respuesta institucional al ciudadano.
“Buscamos que cada día aumente la idea de que exigir información es un derecho ciudadano y así ir pavimentando el camino a una verdadera cultura de la transparencia en nuestra sociedad. Sólo la instalación de una Cultura de la Transparencia puede recomponer la confianza en lo público, prevenir la corrupción y mejorar la evaluación ciudadana de las autoridades y de su democracia”, subrayó Drago.
Asimismo, se efectuarán 51 auditorías en terreno consistes en un examen de normativas, procesos, sistemas y productos que se revisan y analizan con el objetivo de evaluar la gestión efectuada por el organismo en materia de transparencia activa y acceso a la información. Dicha actuación del CPLT considera un informe detallado con observaciones y/o recomendaciones que se deben implementar con el objeto de mejorar la gestión de estas materias.
“La Ley de Transparencia cumple 10 años ha implicado significativos avances, hoy es el piso mínimo que los ciudadanos exigen al Estado, por eso seremos implacables a la hora de exigir a nuestras instituciones que estén a la altura de la demanda ciudadana. Hay que poner atención porque la ley establece que el incumplimiento injustificado de los deberes de transparencia activa pueden ser sancionados con multas del 20 al 50% de las remuneraciones del infractor», sostuvo el titular de Transparencia.
Finalmente, Marcelo Drago recordó que serán los 345 municipios sujetos de fiscalización e hizo un llamado al gobierno local a estar a la altura de lo que exige la ciudadanía “porque entre otras cosas son la puerta de entrada de los ciudadanos a los organismos del Estado y es de gran interés de los vecinos conocer cómo se está gestionando al interior de estas instituciones”.
