Una dura respuesta tuvo el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a la petición de cientos de personas tras conocerse la horrenda violación y asesinato de Ámber, una bebé de un año y siete meses, en manos presuntamente de un ex candidato a concejal de la UDI por la localidad de Rinconada de Los Andes.

Ante la solicitud de aplicar la pena de muerte a Andrés Espinoza, sindicado como el responsable del crimen, Larraín descartó tal posibilidad y precisó que el Gobierno no puede reinstaurarla porque el país ha suscrito tratados internacionales.

«Debido a los tratados internacionales que Chile tiene firmados, una vez que se suprime la pena de muerte ésta no puede ser repuesta. Por lo tanto, no está dentro del repertorio legislativo posible«, explicó Larraín, luego que el vehículo en que viajaba fue apedreado por manifestantes en su llegada al tribunal.

Larraín precisó que «hay otra legislación que estamos estudiando, que vamos a anunciar próximamente, para asegurar los cambios que se requieren. Por ejemplo, vamos a mejorar la Ley de Adopción para asegurar padres que puedan hacerse cargo de estos niños cuando falla su familia y cuando el Estado no tiene la capacidad para hacerlo«.

Cientos de vecinos y familiares de la menor asesinada se congregaron en las afueras del tribunal en espera de la formalización del presunto criminal, lanzando piedras contra las instalaciones del juzgado y pidiendo que se aplicara la pena de muerte al sujeto.

A su llegada al tribunal, el ministro de justicia estuvo al lado de la directora del Sename, Susana Tonda, y tras interponer la querella dijo que «por un delito así, la pena no debería ser menos de presidio perpetuo y esperamos que sea perpetuo calificado, de manera que pague en su vida por lo que ha hecho respecto de esta pequeña«.

«Vamos a hacer todos los esfuerzo para esclarecer dónde se produjo la falla, en que instancia del proceso. Todos los que sean responsables de lo que ha ocurrido tendrán que responder ante la justicia«, explicó.