La industria de administradoras de fondos de pensiones es relativamente nueva en el mundo, donde Chile fue pionero en su diseño e implementación en 1981, pasando desde un tradicional sistema de reparto, sin aportes privados, a uno de capitalización individual. El actual sistema chileno presenta características positivas relacionadas con la gobernabilidad y estabilidad del sistema, que lo han ubicado dentro de los 10 mejores de entre 30 países de acuerdo al índice Melbourne Mercer Global Pension 2017. Sin embargo, nuestro sistema aún tiene importantes aspectos por mejorar, como las bajas pensiones que entrega comparadas con las esperadas por la autoridad en los 80´s (alrededor del 70% del salario) y la baja competencia entre las administradoras.
Según la Superintendencia de Pensiones, a febrero de 2018 las pensiones de vejez, financiadas con ahorros obligatorios más el complemento solidario financiado por el Estado (APS), alcanzaron en promedio UF 8,23, unos $221.979, incluyendo hombres y mujeres y excluyendo las pensiones anticipadas. Este monto es inferior al salario mínimo actual de $276.000. Esta pensión cambia considerablemente al cotizar más años. Por ejemplo, si se cotiza más de 30 años las pensiones llegan en promedio a UF 18,9 ($510.000), mientras que con menos de 30 años solo a UF 6,62 ($178.632), situación que empeora si se analizan solo a las mujeres, con una pensión promedio del 65% la de los hombres.
El cálculo final de una pensión al momento de jubilar depende de múltiples variables donde solo algunas son manejables por el cotizante. La pensión depende principalmente del historial completo de aportes, de los precios cobrados por las AFP, rentabilidades obtenidas en los fondos, tasa de interés del mercado, expectativas de vida, edad de jubilación, continuidad o densidad de las cotizaciones, entre otras. Dos problemas responsables de las bajas pensiones chilenas, han sido la baja tasa de cotización de solo un 10% de las remuneraciones y las altas lagunas en las cotizaciones. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para obtener una pensión completa se requiere cotizar 30 años, requisito que en muchos casos no se cumple en Chile, teniendo acceso solo a pensiones parciales.
Por otro lado, la baja competencia entre las AFP se observa en que hoy solo coexisten 6 AFP, la última en entrar al mercado fue “Modelo”, que gracias a la reforma de 2008, agrupa a los nuevos trabajadores y los licita en forma agregada para generar las economías de escala necesarias en la provisión de un servicio de bajo costo. Esta reforma ayudó a derribar barreras de entrada, reducir los precios del servicio y disciplinar la conducta oligopólica, generando beneficios sociales. Sin embargo, aún se observan muy pocos traspasos entre las AFP por los cotizantes y, a excepción de Planvital, baja participación de las AFP más antiguas en la licitación de afiliados nuevos. Esto se observó en la quinta licitación de cartera de nuevos afiliados a principios de 2018 que fue declarada desierta. La razón más probable es que la actual comisión cobrada por Planvital, de solo 0,41% del sueldo del afiliado, tornó insostenible mejorar la oferta. El bajo interés por participar en esta licitación se debe a que la AFP que gana la licitación obligatoriamente debe bajar las comisiones a todos sus afiliados, nuevos y antiguos, lo que claramente no le conviene a AFP como Cuprum, Provida, Capital o Habitat con comisiones 3 veces más altas que la comisión actual de Planvital.
De esta forma, cualquier cambio en el sistema debe contemplar una mejora en la eficiencia económica, mayor legitimidad social de las AFP, aumento en la tasa de cotización actual del 10%, y la introducción de más competencia. Esto último podría facilitarse con la entrada de una AFP Estatal.
