El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito Cruz, instó a trabajar mancomunadamente a los poderes del Estado para discutir los cambios en el Poder Judicial y en la administración de la justicia que requiere el país.

Convocatoria que formuló el ministro en la inauguración del Año Judicial 2018, ceremonia a la que asistieron la Presidenta de la República, Michelle Bachelet; el Presidente electo, Sebastián Piñera; el presidente del Senado, Andrés Zaldívar; el presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica; el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el defensor nacional, Andrés Mahnke, entre otras autoridades.

En su intervención, Brito destacó el buen estado funcionamiento que caracteriza a la magistratura chilena, afirmando que «este sistema de justicia se encuentra en un buen estado, que no obstante que pretendemos más, estamos convencidos de que se brinda una justicia de calidad; que el Poder Judicial de Chile, desde el retorno a la democracia, ha crecido estable y sostenidamente, porque de manera continua se han instaurado políticas públicas de desarrollo en todas nuestras áreas«.

En esta línea, la máxima autoridad del Poder Judicial también hizo un llamado a trabajar para garantizar el derecho al acceso a la justicia de todos los ciudadanos y ciudadanas y, sobre todo, de niños, niñas y adolescentes, y personas privadas de libertad.

«El derecho de acceso a la justicia es un derecho fundamental que, en cuanto tal, impone al Estado la obligación de garantizar que todos los ciudadanos puedan requerir del sistema de justicia una respuesta que resuelva el conflicto o disputa de relevancia jurídica que les afecte (…). Esta circunstancia impone al Estado, al Poder Judicial, el deber impostergable de quedar a disposición de esas personas, de advertir la naturaleza y profundidad de estas omisiones, pues claramente importan incumplimiento del programa constitucional y de las obligaciones internacionales asumidas por Chile, cuya desatención genera efectos de particular gravedad«, dijo.

“Hacerse cargo del problema, para nosotros los jueces, desde luego implica extremar nuestras capacidades institucionales y personales para extender a más personas la prestación de justicia. Pero, sin perjuicio de que nosotros debemos obrar con esta disposición, es claro que los efectos serían insuficientes. De allí que sea imprescindible generar un política pública destinada a enfrentar estas omisiones. Por ello hacerse cargo del problema, en nuestra posición de jueces, también lo es señalar su existencia y la necesidad de ser encarado prontamente. A consecuencia de todo ello, es ineludible mostrar algunas áreas en que la falta de prestación es más evidente«, agregó.

Infancia
Respecto de la situación de niños, niñas y adolescentes, Brito abogó por mejorar la situación de los menores vulnerados, situación que se viene analizando desde hace 5 años.

«Desde que en el 2013 conociéramos una serie de graves hechos que afectaron a niños que estaban bajo la protección del Estado, se han elaborado numerosos estudios e informes respecto de esta situación, que en cuanto a su gravedad y circunstancias son indiscutibles. No obstante ello y el tiempo que ha transcurrido, no es posible aún advertir medidas permanentes que restituyan a los niños en sus derechos, en especial el derecho a la vida en familia«, sostuvo.

«Probablemente la solución requiera de nuevos entendimientos de las instituciones esenciales y, en consecuencia, la redefinición y reforzamiento de algunos roles, entre ellos, el de la jurisdicción, precisamente el del juez, el que ha de consistir únicamente, ni más ni menos, en garantizar efectivamente los derechos de los niños, mediante un debido proceso, contradictorio y participativo, encaminado a una decisión fundamentada en hechos debidamente acreditados, en el Derecho y en el conjunto de principios de la materia: derecho a ser oído, su interés superior, principio de preeminencia de los padres y la familia«, recalcó.

«En definitiva, en mi comprensión, la situación de estos niños, niñas y adolescentes debe ser solucionada desde el convencimiento que los derechos que les asisten han de determinar los cambios que se precisan, para que los conflictos que les afectan sean resueltos jurídicamente, esto es, de manera objetiva«, concluyó sobre el tema.

Justicia laboral
Asimismo, el presidente del máximo tribunal del país valoró los cambios a la justicia laboral de la última década, pero advirtió sobre los problemas de concentración de causas en algunas zonas del país.

«Por lo dicho, el modelo procesal laboral de la última década ha sido indudablemente exitoso, opinión que, me atrevo a decir, es compartida por los intervinientes, justiciables y la sociedad en general. Sin embargo, el éxito no puede llamar al relajo: por el contrario, ello obliga a mantenerse atento a las alertas que arroje la revisión constante del funcionamiento del sistema. Bajo tal paradigma, es dable advertir la existencia de problemas en los plazos de agendamiento y duración de las causas, situación particularmente importante en la jurisdicción de Santiago«, precisó.

El ministro explicó que la concentración de causas en la capital, sustentada en la norma de competencia territorial y en las características del régimen de subcontratación, «se conjugan para que la situación sea más compleja en esta región, y experimente un crecimiento que no se ha estabilizado, y que alcanza un 10% anual. Para hacer frente a este comportamiento se necesitan nuevos recursos. La obligación de tutelar los derechos de trabajadores y permitir un acceso real al servicio de justicia fundamenta que se instalen nuevos tribunales de la especialidad, pues el diagnóstico de esta judicatura es claro. Así lo sostienen nuestros estudios que prevén un nuevo tribunal de características similares a los actuales«, aseveró.

Privados de libertad
Sobre el tema carcelario, el ministro Brito reiteró el llamado a mejorar la situación de las personas privadas de libertad y pidió estudiar la creación de los denominados tribunales de ejecución.

«Ya tuve ocasión de hacer públicamente un llamado a las instituciones vinculadas a esta materia para desarrollar un trabajo conjunto que permita superar esta crítica situación. Esperaremos, atentamente, la instancia en que podamos contribuir con nuestro conocimiento y experiencia para esta mejora impostergable«, dijo.

«Parece aconsejable seguir insistiendo en la necesidad de implementar tribunales especializados de ejecución penal, a los que se les entreguen facultades que permitan observar los progresos de los sentenciados y la celebración de audiencias que favorecerán un efectivo control jurisdiccional y una mejor labor de los órganos penitenciarios, garantizándose así que todas aquellas personas a las que el ordenamiento les reconoce derechos, de los cuales no han sido privados por la sentencia, puedan efectivamente ejercerlos y exigirlos ante un tribunal especializado en ejecución penal«, sostuvo

Reforma justicia civil
En cuanto a la reforma pendiente de la justicia civil, el presidente de la Corte Suprema pidió retomar las iniciativas propuestas.

«La justicia civil es, por distintos factores que influyen en ello, inaccesible para muchos. Uno de esos factores es la estructura y características de nuestros procedimientos civiles. Así, conflictos que son dignos de tutela judicial efectiva no llegan a tribunales, o, cuando llegan, son abandonados por carecer las partes de recursos para su completa prosecución. Ello explica, en una medida importante, el predominio de litigantes institucionales en nuestra justicia civil. La reforma no puede orientarse sólo a asuntos de trascendencia patrimonial, sino que ampliar su espectro a las pequeñas causas, con impulso decidido hacia la implementación de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, a objeto de cumplir con un sistema judicial civil íntegro y al alcance de todos«, arguyó.

«La Corte Suprema es optimista y se resiste a asumir un rol pasivo en la materia. Mantendremos nuestro interés en colaborar con las instancias colegisladoras una vez que se renueve la discusión del proyecto de ley en cuestión«, adelantó.

Sistema de nombramiento
En materia de gobierno judicial, el presidente de la Corte Suprema destacó la necesidad de modificar el sistema de nombramiento y las calificaciones de los funcionarios judiciales: «Entre éstas, se destacan el sistema de nombramiento y la carrera judicial. En lo fundamental, el cuestionamiento principal apunta a la falta de incidencia de los antecedentes profesionales y académicos al momento de formarse las ternas. Lo cierto es que el Código Orgánico de Tribunales previene requisitos muy amplios para las promociones en la carrera, y ello da lugar a que el tiempo de servicio en la categoría no resulte necesariamente considerado. La Corte Suprema, hace ya algunos años, viene intentando por la vía regulatoria interna algunas reglas orientadoras de la votación, pero no son vinculantes y precisan de mayor reconocimiento«, dijo.

«También es importante revisar la carrera judicial. La carrera, ya lo hemos dicho, no es el simple ordenamiento de los funcionarios en diferentes apartados. También es un instrumento que alcanza pleno sentido cuando se la diseña para generar cambios en lo jurisdiccional. El régimen disciplinario, que en la etapa de investigación pronto estará radicado en las fiscalías de las cortes de apelaciones, también precisa atención, no porque lo disciplinario sea una constante y por conductas generalizadas y graves, sino por la necesidad de alcanzar una buena regulación. En primer lugar es útil decir que nadie cuestiona desde lo sustantivo la potestad disciplinaria. Los problemas están radicados en las normas que previenen las infracciones, algunas son imprecisas y, en otros casos, carecen de actualidad. La insuficiencia de unas pocas normas legales de procedimiento también es una debilidad y da lugar a una regulación reglamentaria que no es unánime y que se cuestiona fuertemente«, añadió.