Un grupo de ex ministros del gobierno de Michelle Bachelet salieron a defender el reglamento de la ley de aborto en tres causales, criticando duramente al gobierno de Sebastián Piñera por su decisión de modificarlo.

De esta forma, la ex vocera de Gobierno, Paula Narváez; la ex ministra de Salud, Carmen Castillo; el ex ministro de Segpres, Gabriel de la Fuente y la ex ministra del Sernameg, Claudia Pascual, lamentaron la determinación adoptada por el Ejecutivo.

Además, expresaron su molestia por las modificaciones en el protocolo, afirmando que se encuentran “alertas” por lo que consideraron un doble discurso del gobierno.

Lo anterior, debido a que es el propio mandatario quien llama a negociar los temas, pero tales negociaciones tienen “letra chica”.

Uno de los cambios que más molestó fue que las instituciones objetoras de conciencia podrán seguir recibiendo aportes del Estado, lo cual el reglamento original no establecía.

La ex ministra Castillo dijo que ven «con mucha preocupación y queremos que ojalá podamos revertir esta situación porque vemos que va a hacer un daño enorme a las mujeres de la clase media. especialmente afiliada a instituciones como las Isapres«.

«Lo que entregamos en su momento como protocolo para la objeción de conciencia consideramos que se ajusta absolutamente a la exigencia que un país maduro merece y en ese contexto lo que contiene precisamente para nosotros es el tema de la objeción con fundamento, con elementos consistentes y no a través de un representante legal«, explicó.

En tanto, Claudia Pascual afirmó que el actual gobierno pretende «en definitiva torcer, por la vía administrativa la aplicación más completa y compleja de la propia legislación. Eso se busca con este cambio, por algo se le baja el estándar a los requisitos«.

Además, varios diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista concurrieron hasta la Contraloría para presentar un requerimiento en el que piden un pronunciamiento por la decisión del gobierno de Piñera.

A su vez, el PS y sus diputados está esperando recibir un informe jurídico para evaluar las acciones judiciales que seguirán adelante para poder detener lo establecido por el Ejecutivo.

Así, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Juan Luis Castro, señaló que “el Gobierno se precipitó y va a tener que evaluar muy bien los pasos que va a seguir, porque rompió su lógica de los grandes acuerdos y está inaugurando una lógica de letra chica, de gobernar por un decreto y no por la ley madre, que en este caso es la de aborto terapéutico«.

«Está por sobre todo, dando una señal al sector privado y a las clínicas que es muy peligrosa, porque prácticamente quiere decir que ningún prestador privado va a someterse a ninguno tipo de castigo por dejar de hacer las prestaciones que están en convenio«, expresó.