Los diputados del PPD están molestos con Pilar Armanet y su decisión de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, cuyo fallo permite desde ahora el lucro en las universidades, por lo que solicitan su expulsión del partido.

Los legisladores presentaron un requerimiento ante el Tribunal Supremo pidiendo la salida de la militante, argumentando para ello que Armanet atentó en contra de los principios de la tienda y provocó un daño a la imagen.

En el escrito de tres carillas, la bancada de diputado del PPD señala que “considerando, que con su acción la señora Armanet ha atentado en contra de los principios contenidos en nuestra declaración, se ha apartado de nuestra línea partidaria y ha provocado un serio daño a nuestra imagen como partido progresista, ya que los medios de comunicación y redes sociales la señalan como militante PPD, las diputadas y diputados del PPD venimos a adherir a la solicitud de expulsión del partido de doña María del Pilar Armanet Armanet, que han realizado ante el Ilustrísimo Tribunal Supremo un grupo de militantes encabezados por nuestra Diputada Cristina Girardi y el Ex Presidente de la JPPD Farid Seleme”.

En el escrito, los parlamentarios también señalan que el gobierno de Michelle Bachelet buscó la “necesidad de realizar una profunda reforma a la educación chilena en todos sus niveles a fin de promover para el país una educación de calidad, que fuera considerada como un derecho y no como un bien de consumo, además que fuera una educación inclusiva y en donde el lucro no tuviese lugar en las instituciones que recibieran recursos del Estado”.

En otro punto de la presentación, los diputados del PPD mencionan que “en el marco del control preventivo que debía efectuar el Tribunal Constitucional, la Corporación de Universidades Privadas, encabezada por su Presidenta doña María del Pilar Armanet Armanet – en una situación desde ya extraña, ya que normalmente el Tribunal Constitucional realiza este control preventivo solo con los antecedentes del proyecto – solicitó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 63 del proyecto o, en su defecto, eliminar la palabra “solo” para permitir que universidades con sostenedores con fines de lucro pudiesen recibir recursos del Estado, petición que el día martes 28 de marzo fue a aceptada por el Tribunal Constitucional, torciendo de esta manera la voluntad del Congreso Nacional que había aprobado la disposición para que sostenedores con fines de lucro no pudiesen recibir recursos estatales en el futuro”.