Esta mañana la Presidenta, Michelle Bachelet, junto a los ministros de Interior, Mario Fernández; de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre; de la Secretaría General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente; y de la Secretaría General de Gobierno, Paula Narváez, firmó el proyecto de Ley de Reforma Constitucional que establece una Nueva Carta Fundamental para Chile, y que es resultado del Proceso Constituyente iniciado en octubre de 2015.
Entre abril y agosto de 2016 participaron 204 mil personas que dialogaron en Encuentros y Cabildos Ciudadanos. Y otras 17 mil personas que participaron en la Consulta Indígena Constituyente.
“El resultado de ese diálogo fue procesado sistemática y respetuosamente por el Consejo Ciudadano de Observadores y el Comité de Sistematización, dando lugar a la entrega de las bases ciudadanas del Proceso Constituyente -aquí en La Moneda- en enero del 2017.Las bases dieron cuenta de los grandes anhelos y acuerdos que los chilenos aspiran a que sean los pilares de la Carta Magna que rijan nuestra vida común. A partir de esas bases, apoyados en la tradición constitucional chilena y en el juicio de connotados expertos, elaboramos, con la detención y madurez que exige una tarea de esta envergadura, el proyecto de Nueva Constitución que hoy día enviamos al Congreso Nacional”, señaló la máxima autoridad del país, al comienzo de su intervención.
Luego, la mandataria se refirió al contenido del proyecto que ingresará hoy al Congreso, indicando que “en lo general, propone una nueva manera de comprender los derechos fundamentales y la estructura de poderes del Estado, y se sostiene en los valores basales de nuestra sociedad, como son los de la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto de los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Junto con ello, se propone un nuevo marco para la interpretación del texto constitucional, sobre la base del establecimiento de un Estado de derecho democrático y social, en el cual el Estado está al servicio de las personas y su finalidad es el bien común”.
También, enfatizó que “se reconoce a los pueblos indígenas como parte fundamental de nuestro orden constitucional, debiendo el Estado promover y respetar su integridad, sus derechos y su cultura. Al mismo tiempo, se reconoce el derecho a contar con representación parlamentaria en el Congreso Nacional y se hace cargo de nuestra deuda histórica con los pueblos indígenas, reconociendo sus derechos culturales y lingüísticos”.
Posteriormente, apuntó a los cambios que fortalecen el poder de la ciudadanía y la democracia, en que “toda persona vulnerada en sus derechos podrá recurrir ante cualquier tribunal ordinario de primera instancia y solicitar su tutela, cuestión que podrá ser apelable ante el Tribunal Constitucional. Así se establece un sistema que ubique en la misma posición a las libertades individuales, económicas y los derechos sociales en su consagración y amparo. Por otro lado, y en cuanto al régimen político, se fortalece el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, se eliminan los quórums supramayoritarios de las leyes, por lo que sólo existirán la mayoría simple y la mayoría absoluta. El único quórum mayor a los anteriores será el quórum de reformas a la Constitución de 3/5”.
Al finalizar sus palabras, explicó las modificaciones en materia de justicia constitucional, donde “se elimina el control preventivo que pueda, hasta ahora, requerir una minoría ante el Tribunal Constitucional, y sólo se podrá controlar obligatoriamente ciertas leyes con un quórum de 4/5 partes, es decir, 8 de 10 ministros del Tribunal Constitucional. Y sólo cuando exista una clara y fuerte mayoría de acuerdos sobre la inconstitucionalidad de una ley, ésta podrá ser controlada por dicho órgano. Además, propone un nuevo sistema de nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional, con la intervención de los tres poderes del Estado”.
