Un nuevo revés sofrió el gobierno, luego que el Tribunal de Garantía de Temuco decidió dar curso a la petición de sobreseimiento de los ocho comuneros mapuche que están imputados en la polémica “Operación Huracán”.

El magistrado Federico Gutiérrez leyó el fallo, indicando que «se decreta el sobreseimiento definitivo por aparecer claramente la inocencia de aquellos en los hechos que les fueron atribuidos«.

Esta determinación del tribunal se suma a la adoptada en la mañana de no perseverar en la  investigación por otros 90 días y cerrar el caso, a pesar que el gobierno había pedido mantener abierta la indagatoria.

«La solución intermedia de no perseverar adoptada por fiscalía puede ser un remedio procesal suficiente para las anomalías fundantes de esta acusación, pero constituyen un estigma injustificado en la persona de los imputados, como cualquier ciudadano sindicado artificiosamente como autor, cómplice o encubridor de cualquier delito, ya que se han visto afectados ilegítimamente en su honra, libertad e intimidad«, señaló el juez.

Además, hay que indicar que la petición de sobreseimiento estuvo marcada por las fuertes críticas al informe elaborado por Carabineros respecto a los teléfonos móviles incautados a los imputados, motivo que llevó al Ministerio Público a denunciar “manipulación de pruebas” y solicitar el cierre de la investigación, lo que fue ratificado esta jornada por el tribunal.

El abogado defensor, Mario Quezada, fue uno de los que más apuntó sus dardos en contra de la investigación, especialmente contra Alex Smith, conocido como “el profesor” y creador del software Antorcha, la aplicación que supuestamente obtuvo las conversaciones de los imputados.

En ese sentido, el abogado dijo ante el tribunal que «como llegaron ahí los mensajes«, debido a que los peritajes efectuados descartaron la presencia de virus en los equipos incautados.

«Esto demuestra que la inteligencia policial no tiene mucho de su nombre. Porque resulta que los archivos fueron integrados después de que fueron interceptados los archivos«, afirmó.

Y agregó que «lo que ha quedado claro es que lo que basaba este hecho criminal es falso, y como esto es falso el hecho en sí no existe. Y si la conducta no existe, no puede ser constitutiva de delito«.