Saltarse la fila, acudir a la ayuda de un conocido o pedir un favor para concretar un trámite es lo que formalmente se conoce como una «práctica clientelista«, un fenómeno que según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, puede entenderse como «el intercambio de bienes y servicios económicos y sociales como si fueran favores, pese a que en teoría, la Constitución y las leyes garantizan a la población el acceso a esos derechos«. En un término más informal, esta práctica es denominada como un «pituto» y su uso está bastante extendido y validado.
Así lo comprueba el X Estudio Nacional de Transparencia del Consejo para la Transparencia (CPLT), que revela que un tercio de los chilenos y más de un tercio de los funcionarios públicos, validan las prácticas clientelistas en nuestro país y consideran preferible «saltarse» los conductos regulares al momento de concretar una diligencia en un organismo del Estado.
El estudio del CPLT, aplicado a 2.855 personas y 1.327 funcionarios públicos de todo el país, preguntó a los encuestados si al momento de realizar un trámite era preferible para el ciudadano utilizar los canales formales o hacerlo vía algún contacto, con el fin de obtener un resultado positivo o agilizar su gestión. Si bien la mayor parte de las personas considera que es mejor seguir los canales formales (63%), un 29%, es decir un tercio de la población, señala que es mejor hacerlo con un contacto, cifra que aumenta a 36% en el caso de los funcionarios.
Asimismo, tanto los ciudadanos como los funcionarios encuestados, reconocen en su mayoría que conseguir un contacto a la hora de hacer un trámite es útil (66% y 64% respectivamente).
«Las prácticas clientelistas, conocidas también como el famoso ‘pituto’, son una costumbre que socavan nuestra democracia y nuestra institucionalidad. Además, erosionan el principio de igualdad ante la Ley e instalan prácticas sociales que pueden derivar –con la simple adición de elementos como regalos o beneficios– en corrupción«, señaló el presidente del CPLT, Marcelo Drago, recalcando que «tenemos que aspirar a una sociedad sin ciudadanos ‘dispuestos a saltarse la fila’ y a funcionarios públicos dispuestos a no permitir que las personas ‘se la salten‘».
A través de un cruce de información demográfica, la encuesta del CPLT también revela que cerca de un millón y medio de trámites en el sector público se habrían realizado durante el año 2017 saltándose el conducto regular.
Y en términos de segmentación socioeconómica, son las mujeres (31% versus 28% de hombres); pertenecientes a niveles socioeconómicos más altos y los jóvenes (34% en el segmento que va de los 18 a los 25 años) quienes más validan las prácticas clientelistas.
El estudio también analizó la percepción de facilidad y rapidez para «conseguir un contacto o hacerse amigo de la persona encargada al momento de hacer un trámite en el sector público«, donde se obtiene que pese a que la mayoría lo encontraba útil (65%), sólo un 36% de los ciudadanos lo considera «fácil» y un 34% «rápido». Por su parte, sólo el 21% de los funcionarios públicos considera que conseguir un contacto es fácil.
«Este año se conmemoran diez años de la promulgación de la Ley de Transparencia, una herramienta que empodera a los ciudadanos y facilita el control social, pues permite que cualquier persona pida información pública. Está demostrado que las experiencias exitosas de acceso a la información pública y que el uso de los canales formales al solicitar información al Estado, disminuyen la predisposición al clientelismo; lo que nos lleva a pensar que la transparencia y el acceso a la información son herramientas poderosas para prevenir la corrupción y eliminar la noción de que ‘el pituto’ es la forma más efectiva de concretar un trámite«, agregó Drago.
