Tras los cargos de carácter “gravísimo” formulados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en contra de CAP, por depositar relaves en el mar, la compañía minera presentó un plan de cumplimiento a la autoridad, comprometiéndose a ingresar a tramitación un proyecto para disponer los relaves fuera del medio marino en un plazo de 24 meses.

“Es un logro que CAP deje de arrojar sus relaves en el mar, pero no podemos esperar 24 meses para que esta medida se concrete, debe ser de inmediato”, afirmó la Directora de Campaña de Contaminación Marina de Oceana, Javiera Calisto. “La autoridad ambiental no puede permitir que CAP siga funcionando fuera de la normativa, especialmente si consideramos que hace años se le requirió que depositara sus relaves en tierra”, agregó.

La denuncia había sido interpuesta el año pasado por Oceana, tras observar que CAP incumplió el compromiso realizado ante las autoridades ambientales en 2010, de evaluar el impacto generado por su sistema de relaves y terminar con el daño causando en el medio marino.

Recordemos que CAP tiene una planta de pellets de hierro en la comuna de Huasco, región de Copiapó, la cual deposita relaves en el mar desde 1978, año en que todavía no entraba en vigencia la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Durante ese periodo, la planta funcionó con permisos sectoriales, pero al entrar en vigencia la ley medio ambiental, organismos del Estado le solicitaron ingresar el sistema de depósito de relaves a la correspondiente calificación ambiental, lo cual la empresa nunca realizó, razón por la cual se le formularon los cargos.

“El depósito de relaves en el mar es una práctica que está prohibida en casi todo el mundo. En Chile, CAP es la única minera que lo hace, amparados en normativa ambiental que hoy no se encuentra vigente, por lo que urge terminarlo de manera inmediata, especialmente considerando que internacionalmente hemos sido destacados como uno de los países líderes en protección marina”, señaló Calisto.

En Oceana recalcaron que también se encuentran impulsando un proyecto de ley para cerrar cualquier intento de expandir esta práctica, al conocerse que algunas grandes compañías mineras estaban estudiando la factibilidad de arrojar sus relaves al mar, lo cual pondría en serio riesgo a los ecosistemas y a los sectores pesqueros del país.