Con la firma de un convenio simbólico en La Moneda se formalizaron los protocolos público-privados para distribución de agua en emergencias en la Región Metropolitana.

A la firma concurrieron la subsecretaría de Interior, la Oficina Nacional de Emergencias, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, los municipios de la región y Aguas Andinas, instituciones que trabajaron en conjunto durante el año para llegar a acuerdo, así como la Intendencia Metropolitana.

“Estamos muy contentos porque este es el resultado de un trabajo conjunto que hemos desarrollado durante todo el año, donde el sector público y el privado se coordinan y actúan juntos para abordar una situación compleja”, dijo Guillermo Pickering, presidente de Aguas Andinas.

“El objetivo de estos protocolos es minimizar el impacto en la población de un corte masivo de agua potable”, explicó Eugenio Rodríguez, director de gestión del servicio de Aguas Andinas.

Lo anterior se hace mediante dos líneas de acción: entrega de información oportuna y despliegue eficiente de un sistema de suministro alternativo, definiendo los posibles escenarios y pre-diseñando la respuesta para cada uno de ellos.

La primera parte de estos protocolos, que considera una mejor entrega de información, está en marcha desde abril, cuando la empresa homologó su sistema de alertas con los del Sistema Nacional de Protección Civil. Así, cuando hay un evento hidrometeorológico que pueda poner en riesgo el suministro de agua se hace un llamado público a poner atención al desarrollo del evento, y si se cumplen ciertos parámetros técnicos, las autoridades llaman a juntar agua.

Cabe recordar que los meses de verano y hasta abril son los de mayor riesgo de ocurrencia de tormentas en la alta cordillera con potencial de afectar la producción de agua potable y por eso “este acuerdo es de vital relevancia para que junto a la ciudadanía estemos mejor preparados para enfrentar un corte”, añadió Rodríguez.

El convenio formalizado este miércoles delinea los posibles escenarios, determina roles y responsabilidades y establece las tareas que debe realizar cada uno de los actores involucrados en la respuesta a la emergencia.

Lo anterior quiere decir que ante una situación que provoque un corte masivo, comienza de forma automática el despliegue en terreno de los recursos necesarios (personas, camiones, estanques, etc) para entregar suministro alternativo a la población en lugares pre establecidos y de acuerdo a los protocolos conocidos y acordados por todas las partes.

Hasta hoy, se han firmado convenios con 20 municipalidades de la Región Metropolitana, precisando lugares de instalación de los puntos de distribución, volumen mínimo de agua en estanques y personal necesario para asegurar su buen funcionamiento.

En paralelo, Aguas Andinas está avanzado aceleradamente en un plan de inversiones y obras de ingeniería para aumentar las reservas de agua.

La empresa está levantando nueve estanques de agua potable y habilitando 16 pozos que estarán operativos durante el primer trimestre de 2018, con una inversión de $ 15 mil millones.

Además, consiguió los permisos ambientales y dio inicio a la construcción de la reserva de agua en Pirque, que con una inversión de $ 60 mil millones estará terminada en 2019. Todas estas obras elevarán la autonomía del sistema de abastecimiento de agua potable del Gran Santiago a 32 horas, desde las nueve actuales.