La editorial de este viernes de El Mercurio, cuestiona el aumento de funcionarios públicos en el aparato estatal, afirmando de paso que el incremento del gasto en personas no se traduce necesariamente en servicios públicos más eficientes.

Desde su perspectiva, el “decano” señala que el aumento del ítem de remuneraciones de funcionarios del Estado durante el gobierno de Michelle Bachelet puede alcanzar, dependiendo de la estimación que se use, una cifra que va de los 2.240 millones a los 2.600 millones de dólares, si se compara el monto de ese ítem al comenzar el actual gobierno con el correspondiente al año 2017.

“Una forma de dimensionar esa cantidad es compararla con la recaudación tributaria adicional que se logró durante el curso de la presente administración, producto de la reforma tributaria. Dicha reforma contempló un aumento de la tasa de impuesto a la renta a las empresas, y una desintegración parcial de ese tributo con el global complementario que pagan las personas accionistas de esas empresas”, precisa.

El diario explica que se recaudó 8.571 millones de dólares más que en 2013, “así, el mayor gasto en remuneraciones en 2017 equivale a entre 25% y 30% del efecto de dicha reforma, si se incluyen esos ingresos extraordinarios para hacer el cálculo. Ese porcentaje sube si solo se consideran los ingresos ordinarios de la reforma. Porcentajes similares resultarían si el cálculo se hace para el periodo completo 2014-2017, en el cual se recaudaron 21.746 millones de dólares más que el nivel de recaudación de 2013”.

“Esto constituye una distorsión importante de la promesa hecha por el gobierno en su campaña, que consistía en destinar los recursos recaudados por la reforma tributaria básicamente a la reforma educacional que se introduciría durante su mandato, que incluiría en lo medular la gratuidad universitaria y el reemplazo del copago de los padres por una asignación de gratuidad a los colegios subvencionados, además del aumento de cobertura a la educación parvularia”, menciona.

El Mercurio agrega que el crecimiento de la fuerza de trabajo del aparato público ha sido sustantivo durante el gobierno de Bachelet y “su número total es significativo. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que los trabajadores que actualmente se desempeñan en el sector público ascienden a 968 mil, de los cuales 471 mil efectúan labores de la administración del Estado y el resto corresponde a los municipios y a las Fuerzas Armadas”.

En cuanto a los incrementos en salud, enseñanza y administración pública, en 2017 llegaron al 14,7%, 6,5% y 9,5% respectivamente y “esta es una de las razones por las cuales el desempleo se ha mantenido en los bajos niveles en los que se encuentra (6,7% en el trimestre móvil julio-septiembre 2017).

Sobre este punto, la editorial llama a una profunda reflexión sobre el funcionamiento del aparato público, el cual “debería establecer si ese nivel de empleo público es el adecuado, si las nuevas contrataciones se justifican, y en cualquier caso, si, en general, la labor desarrollada por dichos funcionarios corresponde a los estándares que el país debería exigirles”.

Además, critica el funcionamiento de los estamentos estatales, argumentando que “más allá de las condescendientes evaluaciones internas del aparato estatal, los usuarios y los propios servidores públicos advierten que muchos funcionarios no realizan una labor adecuada y eficiente”.