La Corte Suprema confirmó este viernes el desafuero del senador de la UDI, Iván Moreira, luego que el máximo tribunal del país escuchara los alegatos de la defensa y del Ministerio Público, en el marco de la investigación que se sigue por el caso Penta,

La decisión fue adoptada por los ministros de la Suprema en una estrecha votación, ya que nueve de los ministros estuvieron a favor de desaforar al senador y ocho en contra.

La indagatoria de la fiscalía en contra del legislador por Los Lagos, apunta al presunto financiamiento ilegal de las campañas políticas.

Sobre Moreira, la investigación que está llevando la fiscalía se enfoca a estudiar la existencia de delitos tributarios e infracción a la ley de donaciones por un monto cercano a los $38.888.890 en nueve boletas que fueron emitidas por personas ligadas a su campaña senatorial.

Ya la Corte de Apelaciones había ratificado el desafuero del senador el pasado 24 de mayo, pero fue el propio senador gremialista quien señaló que solicitará al Tribunal Constitucional que tome conocimiento del caso, ya que explicó que la Constitución no contemplaría la posibilidad de que este tipo de desafueros sean revisados por el máximo tribunal.

El abogado defensor de Moreira, Gabriel Zaliasnik, había apelado a la decisión tomada por la Corte de Apelaciones de Santiago, por 22 votos a favor y siete en contra, de acoger la solicitud de la fiscalía respecto al desafuero del parlamentario.

El abogado dijo en sus argumentos que se esto se trata de un caso de criminalización de la política, ya que el delito tributario es el «arma» utilizada por los persecutores para perseguir el financiamiento ilegal de la política.

«El caso del senador Moreira no es solo un caso de financiamiento de la política, es un caso de criminalización de la política, el viejo vino se presenta en un nuevo envase. Hoy día el delito tributario pasó a ser el arma, el instrumento en que se basa el Ministerio Público para perseguir el financiamiento ilegal de la política ante la ausencia de tipos penales específicos que contemplaran esta situación», explicó Zaliasnik.

Por su parte, el fiscal Pablo Norambuena había argumentado que  siempre se ha actuado con objetividad, restando importancia a los dichos del defensor del legislador gremialista.

En ese sentido, precisó que «el señor defensor ha planteado que la Fiscalía está criminalizando la política y que estaría persiguiendo la actividad política (…) en Chile rige el estado de derecho, rige la Constitución y la ley y la Fiscalía se adecúa al principio de objetividad«.

Hay que mencionar que en este caso también hay presente una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra del parlamentario.

El desafuero de Moreira implica que la fiscalía podrá acusar al senador por delitos tributarios en el marco de la indagatoria que comenzó en 2014, luego de las revelaciones que hiciera el fallecido ex gerente del holding Hugo Bravo.

Este nuevo desafuero de un parlamentario se suma a los senadores Fulvio Rossi (ex PS, por el caso SQM) y Jaime Orpis (ex UDI, por el caso Corpesca), quienes también están siendo investigados por el Ministerio Público por presuntas irregularidades en el financiamiento de sus campañas políticas.