Una vez más se pone en el tapete la polémica por el puente Cau Cau, ya que ahora se conoció que el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (DC), habría intentado impedir que se hiciera un estudio del Dictuc, advirtiendo por diversos oficios enviados a la Fiscalía Norte que las pruebas de carga podrían generar la caída de la estructura.

Según señala radio Bío Bío, estos datos se conocen en la previa de lo que será la audiencia que se efectuará esta mañana en el Centro de Justicia, ocasión en que se discutirá el sobreseimiento ingresado por la defensa del secretario de Estado, en lo que corresponde a la investigación por prevaricación.

De esta forma, en el Séptimo Tribunal de Santiago, la defensa de Undurraga dará a conocer varios antecedentes para que se ordene el sobreseimiento del proceso penal, en el marco de la indagatoria que se sigue por la fallida construcción del puente Cau Cau.

La investigación apunta a verificar si el secretario de Estado, en su papel administrativo, indujo o intervino en la sanción que el Comité de Registros del MOP instruyó en contra de la empresa Zañartu, la cual fue marginada como consultora del ministerio.

En ese sentido, el abogado del ministro señala en un escrito presentado ante el tribunal, que no hubo intervención y que la sanción contra la firma fue incluso ratificada por la Contraloría General de la República y los tribunales superiores de justicia.

De acuerdo a los antecedentes entregados por radio Bío Bío, existe el convencimiento de plausibilidad de delitos, específicamente de posible prevaricación relacionado con la eventual intervención del indagado en la sanción contra la firma, por medio de instrucciones que serían directas a través de correos electrónicos.

Lo anterior es lo que sustenta la oposición al sobreseimiento que planteará este martes en audiencia el Ministerio Público.

La acción penal tomó un nuevo aire con la querella presentada por el abogado Claudio Lefever, en representación de accionistas de Zañartu, quien dio a conocer las razones por las cuales la autoridad de gobierno cometería un delito.

Los antecedentes entregados, explican que el Ministerio Público abandona la tesis por fraude al fisco de la Constructora AZVI, luego que se conociera un informe del Dictuc que apunta a errores de diseño en la fallida construcción del puente.

Incluso, desde Azvi sostiene que costaría más dinero desarmar la obra (unos 20 mil millones de pesos), que repararlo y utilizarlo, posición que no es compartida por el MOP, organismo que apuesta al desmantelamiento de la estructura.

Además, altas fuentes citadas por el medio precisan que la Fiscalía recibió por parte del ministro Undurraga a los menos ocho oficios que buscaban impedir el estudio de ingeniería.

En estos documentos se advertía del peligro de realizar pruebas de carga en el puente porque se podía caer.

Finalmente, el estudio del Dictuc acreditó que la obra estaba bien construida y que la génesis de la falla estaba en el diseño y planos.