El mayor en retiro del Ejército, Carlos Herrera Jiménez, quien está cumpliendo cadena perpetua por la muerte del sindicalista Tucapel Jiménez y el carpintero Juan Alegría, aseguró este domingo que en Punta Peuco no hay que buscar la verdad que falta en los casos de violaciones a los derechos humanos, “porque esa ya está entregada”.
Así lo sostiene el ex militar en entrevista con La Tercera, indicando que “no busquen en Punta Peuco la verdad que falta en los casos de derechos humanos, porque esa ya está entregada (…) Cuando se judicializó el conflicto de los derechos humanos desde el ámbito político se decidió dar una solución del tipo judicial y esta, a su vez, fue el castigo penal”.
“Pero, en sede penal, sólo son responsables las personas naturales vivas y no son imputables las personas jurídicas o las instituciones y las personas fallecidas. ¿Quiénes hicieron, diseñaron, planificaron, financiaron el Golpe Militar? Bueno, fueron las instituciones de la Defensa Nacional, a través de sus mandos designados por decreto supremo con nombre y domicilio conocido. Todos hoy están fallecidos. Están respondiendo de los hechos que ocurrieron del 11 de septiembre en adelante, las personas que cometieron el grave delito de ser jóvenes en aquella época”, explica.
En esa línea, Herrera Jiménez sostiene que los que están cumpliendo las condenas eran en 1973 oficiales y cabos, pero “quienes tienen la responsabilidad de los hechos están fallecidos”.
Además, el ex mayor del Ejército comparte la posición del ex Presidente Sebastián Piñera de que hubo “cómplices pasivos” y que hasta el día de hoy no han respondido por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura.
”En el ámbito penal se debe determinar la participación y la responsabilidad de las personas en los hechos. Una cosa es la participación y la otra es la responsabilidad que se tiene. Por eso digo que cuando hablo de soluciones políticas, no tiene que ver con impunidad, sino que nos ordenemos en cómo lo vamos a hacer para poder solucionar o llegar a vías de solución de este conflicto. Porque si no vamos a vivir eternamente mal. Y volviendo a su pregunta de dónde están… fíjese que me atrevo a decir, responsablemente, que por la acción de la justicia de un universo aproximado de 1.500 detenidos desaparecidos -alguien podrá decir no, son 1.800 y otros no, son 1.300-, pero hablemos de ese universo, han aparecido más o menos 150. O sea, estamos hablando del 10%. Desde ese punto de vista falta verdad. Pero no somos los presos de Punta Peuco los encargados de dar la respuesta de dónde está el otro 90%. Porque los presos de acá, aunque suene un poquito jactancioso, han producido la trilogía perfecta: verdad, justicia y reconciliación”, precisó.
En cuanto a que hay personas que están en libertad y que tienen información, Herrera Jiménez señala que tajante “claro que sí, y volvemos al problema. Acá el tema de los derechos humanos se solucionó judicializando los casos. Usted comprenderá que aquel viejito de 78 años, que vive con su viejita en una casa, y tiene algún grado de información que aún oculta, si tuviera la peregrina idea de ir a un tribunal y decir “yo sé dónde hay algo”, esa persona queda inmediatamente presa. ¿Usted cree que alguien que tiene información la va a entregar? Acá se ha privilegiado, para mi gusto, el castigo por sobre la verdad. ¿Qué vamos a querer: verdad o el castigo?, porque las dos cosas, a través de 27 años, han demostrado que no se pueden conjugar”.
“La información se dio. Mire, la impunidad está afuera, busque la impunidad en cualquier lugar, menos en Punta Peuco. No la busquen aquí. Y cuando hay abogados querellantes que hablan que las instituciones tienen un grado de responsabilidad o tienen información, yo estoy de acuerdo con ello”, aseguró.
En cuanto a lo expresado por el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, que la institución ha entregado toda la información, el ex mayor que cumple condena en Punta Peuco sostiene fuerte y claro: “Eso no es así, que tienen información, pero no es la información que están esperando. Yo creo que las instituciones tienen algo que decir, probablemente no sea dónde hay detenidos desaparecidos. Eso creo yo y lo afirmo… no tienen por qué saberlo. Pero las instituciones, y no me refiero sólo al Ejército, sino que a las cuatro instituciones de la Defensa Nacional, les falta dar algún tipo de información. No han dicho, por ejemplo, quiénes son los mandos que tienen algún grado de responsabilidad. Hay registros de los procedimientos, tienen que estar”.
“No sé si se ocultó o no, pero no se ha entregado. O no se ha querido entregar. No han informado sobre procederes, que es también importante. Se lo grafico con un ejemplo. Creo que faltó que en este caso el Ejército, a través de su comandante en jefe, hubiese aclarado que no es justo ni posible que el general Contreras haya tenido la misma pena que el cabo Basclay Zapata, porque no es justo. Porque los grados de responsabilidad y de participación no son iguales. Sin embargo, tienen la misma pena. No es posible que suboficiales tengan la misma pena que sus jefes. Eso no se usa militarmente, y si se usa así, entonces hay que reformar toda la malla curricular de las instituciones”, afirma.
“La verdad, no lo sé. Podría ser una de las tantas soluciones que se pueden explorar. Pero hay personas acá que siguen negando participación… No. Yo creo que la gente que está acá ya habló y por algo está presa. Pero es distinto en el caso de otras personas que a lo mejor no han entregado la información porque no hay ningún estímulo para que lo hagan. Y eso hay que decidirlo pronto, porque esas personas se están muriendo y es fundamental que hagamos un alto y nos pongamos de acuerdo. Busquemos soluciones políticas. A través de las soluciones políticas se pueden dictar leyes. Por la acción de la justicia en 27 años han aparecido alrededor de 78 personas. Juzguen ustedes. ¿Está bien esa velocidad de hallazgos? ¿Chile resistirá ese tiempo? ¿Los familiares resistirán esperando 23 o 24 años más? ¿Podrá seguir esperando doña Ana González de Recabarren, que tiene desaparecidos a su cónyuge, a dos hijos y la nuera, para que reciba su indemnización? ¿Será justo? Es injusto, más cuando políticos perciben indemnizaciones hace años y sale de nuevo el chilenismo de los pitutos”, argumentó.
En esa línea, explica que hay personas que han zafado de la justicia por influencia política, añadiendo que “políticos también. Yo hablé en mi proceso de un edecán que era hermano de un connotado dirigente (Enrique Krauss) que fue exonerado de toda culpa en Pisagua. Y él era mi jefe. Yo estoy preso y él libre. Y se dio la paradoja que judicialmente quedó establecido que mientras este señor ‘contaba remedios’ en la enfermería del recinto, el subteniente Carlos Herrera, es decir yo, se hizo cargo de todo, del campamento militar de prisioneros de guerra, el más grande que había en Chile. Y se hizo cargo de la tropa, de la Armada, de Carabineros y de Gendarmería de esa época. ¡Eso es un absurdo desde el punto de vista militar! Ahí falta también que la institución saque la voz e indique que eso no es posible. Pero se hizo y la justicia lo dio por hecho. Yo no puedo otra cosa sino pensar que hubo una mano política que ayudó. Tengo asumidos mis crímenes y mi castigo, pero lo que quiero es graficar que en el caso de los DD.HH. hay quienes han logrado escapar gracias al “pituto””.
