“Jordi Sánchez y Jordi Cuixart vienen operando dentro de un grupo organizado de personas, llevando a cabo de forma continua y reiterada actividades de colaboración activa y necesaria en relación con la actuación de personas, organizaciones y movimientos dirigida a lograr fuera de las vías legales la independencia de Catalunya frente al resto de España en un proceso en el que todavía se encuentra en marcha”.

Con esta afirmación, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela justifica el ingreso en prisión los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana ANC y Òmnium. Una prisión incondicional y sin fianza, lo que significa que no podrán volver a salir en libertad por lo que hasta que la Sala de lo Penal de la misma Audiencia -es decir un tribunal de tres magistrados- estudie el recurso que presenten sus abogados contra la restricción de su libertad.

Después de más de 12 horas entre esperas y declaraciones, Sánchez y Cuixart fueron trasladados esa misma noche a la madrileña prisión de Soto del Real, donde van destinados los presos preventivos.

Ambos, pasarán a compartir espacio con el hijo del expresidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola, con el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, o con el ex presidente de los empresarios española, Gerardo Díaz Ferrán. Deberán pasar un reconocimiento médico y depositar todas sus pertenencias, además de pasar una exploración y un cuestionario sobre su estado de salud. También serán estudiados por si necesitan un protocolo anti suicidios por la profunda depresión que algunos reclusos sufren tras ser internados.

Ni a Sánchez ni a Cuixart se les vio abatidos durante la jornada del lunes. Ya sabían que su destino podía pasar por ingresar en la cárcel. De hecho, fuentes próximas a los representantes de las asociaciones aseguraban ayer que ya habían llevado ropa de cambio a la Audiencia Nacional, señala La Vanguardia.