El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, entregó a la Sala de la Cámara, un reporte con los principales hallazgos de los actos de fiscalización realizados durante 2016, donde las observaciones más trascendentes se realizaron en los sectores de Educación y Municipal.
Según informó Jorge Bermúdez, el reporte entrega una visión de las debilidades transversales. La información se focalizó en las observaciones de alta complejidad, es decir, aquellas que, por su impacto público, magnitud, reiteración y por los recursos públicos involucrados, dan cuenta de una irregularidad, situación anómala o ilegalidad que se ha producido en un servicio público a propósito de la facultad auditora de la Contraloría.
La autoridad recordó que para la función contralora, el organismo cuenta con 542 funcionarios con dedicación exclusiva para fiscalizar, incluidos fiscalizadores y supervisores, que en 2016 realizaron 3.497 productos de fiscalización. De ellos surgieron 12.964 observaciones y 52 convenios de apoyo al cumplimento.
Adicionalmente, dijo que hay 295 investigaciones especiales, la mayoría de ellas basadas en denuncias realizadas por parlamentarios, particularmente diputados – en el uso de su facultad fiscalizadora-, referidas a irregularidades específicas que han puesto en conocimiento de la Contraloría.
Asimismo, destacó que el producto más importante son las 490 auditorías realizadas, que son el proceso más largo, intenso y desarrollado de la actividad auditora.
En cuanto a los resultados, señaló que hay 2.895 observaciones altamente complejas, debido a su gran impacto a la población, gran cantidad de recursos involucrados, magnitud o reiteración de ellas, lo que representa un 22% de las auditorías y un total de recursos públicos de casi 251 mil millones de pesos. Enfatizó que esto no implica necesariamente que estos dineros se hayan malversado, pero sí una mala aplicación de recursos públicos.
También hizo hincapié en que se trata de una selección, por lo tanto, no representa al universo total del Estado, pero sí puede dar indicios del tipo de irregularidades que se cometen.
Resultados
Respecto a la clasificación de los resultados, dijo que el grupo más relevante se refiere a gastos improcedentes o sin el respaldo que corresponda, es decir, gastos que no debieron haberse ejecutado, por un total de $22 mil millones.
Otra categoría son las deficiencias en el proceso de rendición de cuentas, es decir, gastos que se hicieron, que probablemente eran procedentes, pero en los que no se acreditaron documentalmente, con un total de $94 mil millones.
También mencionó las falencias asociadas al cumplimiento de los contratos, que involucra retrasos en su cumplimento, inaplicación de multas, extensiones de los contratos, aumento de las prestaciones o de obras, por un total de $13 mil millones.
Además, puntualizó falencias asociadas al proceso de adquisiciones, donde no se aplicaron las normas de licitación pública, sino que se privilegió el trato directo o fraccionar las compras para quedar fuera de la obligatoriedad de la licitación pública, en contratos que suman $12 mil millones y, por último, deficiencias asociadas al manejo de fondos, por $6.600 millones.
Posteriormente, el Contralor realizó un desglose por sector, donde señaló que los que tienen observaciones más trascendentes son el de Educación y luego el municipal, donde manifestó que había una carencia de fiscalización.
En el caso de Educación, informó que se hicieron 57 auditorías. Por ejemplo, en la Subsecretaría de Educación se hicieron observaciones al proceso de rendición de cuentas por casi $8 mil millones; mientras que, en la Junaeb, se plantearon irregularidades en el Programa de alimentación escolar por casi $2 mil millones y en la Junji hubo 31 casos de proyectos que fueron observados por deficiencias en la construcción.
En lo que concierne al sector municipal, señaló que se realizaron 220 auditorías, donde las observaciones más importantes están en las compras públicas, con observaciones por más de $1.200 millones; por viajes de alcaldes, concejales y funcionarios, que no fueron justificados debidamente, por más de $1.000 millones y gastos objetados por propaganda electoral – el año pasado fueron las elecciones municipales- por 455 $millones.
A continuación, el contralor Bermúdez se refirió a las actividades de seguimiento y apoyo al cumplimiento, programa implementado para evitar que las anomalías se sigan repitiendo dentro de un organismo ya auditado.
Para ello, la Contraloría desarrolló un instrumento llamado Convenio de apoyo al cumplimiento, firmado con 52 servicios o entidades en 2016, donde el organismo contralor se compromete a acompañar al servicio para mejorar sus procesos internos, particularmente sus procesos de control, para poder superar las observaciones de auditoría.
Recomendaciones
Para finalizar, el Contralor planteó las siguientes recomendaciones.
Correcta utilización de recursos públicos, de acuerdo a su fin. Indicó que existen muchos casos, sobre todo en Educación, donde se usan para finalidad distinta.
Resguardo de los recursos públicos: Que en cada servicio haya un ambiente de control, que es la primera línea de fiscalización. En ese sentido, dijo que hay que fortalecer las auditorías y contralorías internas.
Contratación de acuerdo a la normativa. Que se aplique efectivamente la licitación pública. Hay muchos casos de trato directo previo fraccionamiento de la compra o casos en que no se justifica el caso directo.
Cabal cumplimiento de los contratos. Muchos casos en que no se aplica la multa o no se exige que la obra o la prestación se concluya como corresponde.
Mejora en procesos de rendición de cuenta. Contraloría permite que también se haga de manera electrónica y por lo tanto sostuvo que no es una excusa que esto sea un procedimiento engorroso o que signifique una gran cantidad de papeleo.
