Chile tiene un trauma con la distribución del poder. Solemos concentrar las decisiones a todo nivel. Que pocos participen en las discusiones y que sean los «técnicos» quienes dictaminen cómo el resto desarrollamos nuestra vida, es un patrón que se repite en todo el país. De las comunas a provincias, de seremías a gobernaciones, de gobiernos regionales a ministerios, cada estructura del Estado intenta capturar para sí la mayor cantidad de toma de decisiones, el control de los presupuestos, las aprobaciones de inversión, el ordenamiento territorial y todo cuanto pueda para no confiar decisiones a los ciudadanos. Una forma de gobernar y administrar el Estado que se agotó.
Si antes fue la incapacidad de los burócratas para desarrollar la malla de recorridos del Transantiago o el puente Cau Cau, hoy vemos la incapacidad de materializar proyectos de inversión mineros porque falla el diálogo para conciliar inversiones con el medio ambiente y la comunidad organizada. El centralismo afecta también a Santiago. La Metropolitana también es región y aquí también la burocracia tiende a reservar para sí altos niveles decisionales que deberían estar más cerca de comunas y territorios, por ejemplo en salud y combate a la delincuencia.
Por eso, en nuestro gobierno implementaremos un plan formal de transferencia gradual de recursos y competencias desde ministerios y direcciones nacionales de servicios públicos a cada uno de los 16 gobiernos regionales en fomento productivo, desarrollo social, infraestructura y ordenamiento territorial. Crearemos también rentas regionales para fortalecer la capacidad técnica y profesional de gobiernos locales.
Descentralizar es confiar en la gente de las regiones y comunas, en sus capacidades y en su sabiduría. En su capacidad de soñar, proyectar y gestionar su propio desarrollo, sin que alguien sentado a kilómetros de distancia les señale qué hacer. Parte importante de la gobernanza futura estará dada por la capacidad del Estado de reconocer que los ciudadanos del siglo XXI exigen participar. Nos aseguraremos de que en la nueva Constitución transitemos desde un país unitario centralizado a uno descentralizado, y presentaremos un proyecto de reforma y modernización a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Confiamos en que las regiones son más capaces que el poder central para elegir a sus autoridades y definir sus prioridades. Y creemos que es bueno para Chile desconcentrar el poder y la economía, para repartir mejor los beneficios del crecimiento. Por ello, crearemos un fondo de incentivo a las inversiones privadas con pertinencia territorial, generaremos incentivos para atraer y retener profesionales en las regiones y comunas de Chile y ajustaremos el pago de patentes municipales de grandes empresas a las comunas donde desarrollan su actividad.
Confiar en las personas, comunas y regiones supone dar el paso histórico de descentralizar Chile y promover espacios de gestión y creatividad, valorando la diversidad cultural y económica, animando a las economías locales y la sostenibilidad. La innovación y el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la adecuación de las políticas sociales a las características de cada región, son todas tareas que requieren una mirada regional.
Chile no será un país desarrollado si no avanzamos hacia la descentralización, si no transferimos poder real. Estamos desperdiciando talentos y potencial económico, bloqueando oportunidades de progreso. La diversificación y la transformación productiva solo pueden hacerse desde las regiones. Crear cadenas de valor en torno a nuestros recursos naturales exige una mirada territorial de la cual, hasta ahora, carecen nuestras políticas públicas. Cobre verde, refinerías de última generación, litio y energía solar en el norte; alimentos sanos y funcionales, vinos en la zona centro-sur; forestal, pesca y ganadería más al sur; turismo de intereses especiales en torno a nuestros lagos y fiordos, es el listado de nuestras riquezas en todo el territorio. Allí, en las regiones, es donde debemos repensar nuestra matriz productiva, avanzando en la creación de centros de pensamiento que apoyen a los gobiernos regionales en su formulación de planes de desarrollo. Sindicatos, cámaras empresariales y universidades están llamados a trabajar en esa reflexión, así como en la formulación de programas educacionales, de capacitación, innovación y estrategia productiva regional.
Estamos conscientes de que se trata de una política de Estado que requiere de un amplio esfuerzo y que tomará muchos años, pero que ya no podemos demorar más.**
**Columna publicada en el diario El Mercurio de Santiago y que esta redacción decidió replicar dada la baja lectoría que tienen los diarios impresos y sobre todo este medio que sólo es leído en pequeños sectores de la sociedad chilena.
