El Senado decidió entregar solamente el listado de asesores y sus contratos, pero no los informes elaborados, como respuesta a la petición del fiscal Manuel Guerra, quien está indagando el gasto con platas fiscales a documentos que fueron plagiados y que quedó al descubierto tras una investigación periodística que detectó el “copy-paste” al senador Alejandro Giullier.

Luego que esta información saliera a la opinión pública, el fiscal Guerra requirió en dos ocasiones los informes y contratos de todos los asesores externos que hayan trabajado para el Senado entre 2011 y agosto de 2017, lo cual hasta el momento no se ha cumplido.

La información publicada por La Tercera consigna que en una reunión presidida por el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, se analizaron dos informes, uno elaborado por el penalista Jorge Bofill y otro por el equipo de abogados de la fiscalía del Congreso, en los que se detallaban las eventuales respuestas a la Fiscalía.

Además, en el encuentro también se determinó remitir un nuevo oficial al fiscal Guerra, en el cual le solicitan qué información es la que requiere de cada colaborado de los parlamentarios.

Zaldívar se había negado anteriormente a entregar los informes hasta no tener detalles sobre quiénes estaban siendo investigados por el fiscal y las razones para las indagaciones.