Un nuevo retraso sufriría el pago de los $7 mil por caso “Colusión del Confort”, luego que un abogado que representa a 346 familias de comunidades mapuches de La Araucanía, presentará un recurso a la Corte Suprema para que anule una sentencia de la Corte de Apelaciones, argumentando que los acuerdos alcanzados son “discriminatorios” y fueron tomados en “cuatro paredes”.
Hay que recordar que se alcanzó un acuerdo entre el Sernac, la CMPC y las asociaciones de consumidores Conadecus y Odecu, por el polémico caso de colusión. Además, el 1 de septiembre la primera sala de la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia del 10° Juzgado Civil de Santiago, el cual validó la conciliación entre las partes.
Sin embargo, el abogado Jaime Moraga presentará durante la próxima semana un recurso de casación ante la Corte Suprema en la que pide anular la sentencia de la Corte de Apelaciones, argumentando para esto que se interpretó de forma incorrecta la ley.
Según señala El Mercurio, el abogado sostiene que la instancia erró al no calificar como discriminatorio la fijación de un pago de $7 mil solo a los consumidores mayores de 18 años.
Y explica que la arbitrariedad en este caso puede ser negativa o positiva, ya que “cuando tú entregas lo mismo a personas que tienen distintas capacidades o necesidades, claro que hay una discriminación. Debemos considerar las condiciones económicas. No es lo mismo otorgar $7 mil a quien $5 millones, que a quien gana $1 y va a gastar $30 mil en ir a cobrar los $7 mil. Esa es una discriminación por lo cual la Corte Suprema tiene que responder”.
El abogado también cuestiona la forma en que la Conadecus y Odecu fueron convocadas por el Sernac a participar de la mesa con la CMPC, planteando su disconformidad con el carácter secreto de algunos aspectos del acuerdo.
En ese sentido, explica que “este acuerdo se dio entre cuatro paredes. El propio Sernac reconoció en los alegatos que eligieron a dedo a dos organizaciones de consumidores. El Sernac, además, no informó a los consumidores cuánto van a ganar las asociaciones de consumidores por efecto de costas, no han dado a conocer los informes que sustentan el acuerdo y que fueron financiados con fondos públicos. Claramente esto es absoluta prescindencia del rol que debe cumplir el Sernac de proteger a los consumidores, no a las empresas”.
Asimismo, Moraga complementa que un informe de la Corte Suprema enviado al Congreso, en el marco de la discusión de la reforma a la ley del consumidor, que asegura que los derechos de los consumidores no pueden quedar sujetos a las decisiones que tomen las organizaciones de consumidores.
“Tenemos confianza en que la Corte Suprema, considerando este mismo criterio, lo puede normar en una resolución judicial que explique claramente que aquí no son las organizaciones de consumidores las dueñas de este proceso, sino que los consumidores, y como consumidores no se nos puede ocultar información esencial para lograr el acuerdo”, precisa el abogado de las familias mapuche.
