La Fiscalía está investigando una nueva organización criminal al interior de Carabineros, la cual se suma a la que lideraba el general (r) Flavio Echeverría, indagatoria que busca detectar lo ocurrido con millonarios montos de dineros fiscales defraudados y que habrían ido a parar a manos de ex funcionarios policiales y civiles.

La información señala la existencia defalsos jubilados y a irregularidades en los desahucios que eran entregados a los funcionarios que pasaban a retiro, cuyos montos ascienden a unos $4.000 millones.

Según los datos que maneja la fiscalía, la nueva organización contaba con sus propias reglas y métodos para realizar las operaciones, siendo su líder el ex funcionario José Inapaimilla, quien además era el encargado de reclutar a civiles que simulaban ser miembros de la policía que dejaban la institución.

El imputado señaló en parte de su declaración que “en un cita en Borderío un grupo de oficiales me invitaron a almorzar. Randy Maldonado me dijo que yo los estaba cagando con plata y que estaba haciendo documentos por mi cuenta, les expliqué que no era así, me paré y me fui”.

El fiscal Miguel Ángel Orellana explicó que «A partir del proceso investigativo, (la Fiscalía) ha podido definir dos estructuras organizativas distintas dentro de la cantidad de formalizados en la causa, y esas dos estructuras tienen niveles de liderazgo, de organización y de distribución de funciones también distintas».

Y agregó que «nos ha permitido escindir una línea vinculada, entre otros, al imputado José Inapaimilla y entre los que estaban los imputados que hoy día (jueves) se discutieron las medidas cautelares, don Miguel Bettiz y Julia Bettiz, que a su vez las oficiaban de reclutadores de nuevos civiles que en definitiva permitían malversar caudales públicos originados como desahucios y pensiones en Carabineros«.

En tanto, el fiscal a cargo de la indagatoria del denominado caso Pacogate, Eugenio Campos, precisó que se está evaluando la posibilidad de reformalización de los principales implicados en el millonario fraude al fisco.

En ese sentido, precisó que «las circunstancias procesales de muchos imputados no han disminuido, sino que se han agravado y esas agravaciones no tan solo dicen relación con su participación sino que con el aumento, de que en su momento se indicó, en los montos malversados».

Además, el próximo 10 de octubre la Corte de Apelaciones de Santiago deberá resolver si la Fiscalía puede congelar los desahucios de 20 personas que están imputadas, cuyos montos son sobre los $1.000 millones.