En la página de la Sociedad NAcional de Agriculura SNA, hay extensa cobertura a los lamentables ataques incendiarios ocurridos en el sur del país y está publicada una durísima columna del presidente de este poderoso gremio, Ricardo Ariztía Castro quien sostiene que: «No es tolerable que no haya Estado de Derecho y que la agudización de la violencia se radicalice y expanda a otras regiones como Biobío y Los Ríos. No podemos permitir que nuestra sociedad se insensibilice ante el triste récord de 18 iglesias incendiadas, decenas de camiones y maquinarias destruidas en lo que va del año, con el consecuente daño a personas inocentes».

A conitunuación publicamos íntegramente la reflexiónd el dirigente de este gremio:

«Araucanía: hacernos cargo con visión de futuro

En un viaje reciente de la mesa directiva de la Sociedad Nacional de Agricultura a la localidad de Pidima, Región de la Araucanía, fuimos testigos de cómo familias campesinas han reemplazado sus mantas y chupallas por cascos y chalecos antibalas para visitar sus huertas. La protección policial es permanente y el libre tránsito prácticamente imposible. Para llegar ahí pensábamos que bastaba una escolta policial, pero Carabineros nos debió trasladar en una tanqueta blindada para resguardar nuestra seguridad.

No es tolerable que no haya Estado de Derecho y que la agudización de la violencia se radicalice y expanda a otras regiones como Biobío y Los Ríos. No podemos permitir que nuestra sociedad se insensibilice ante el triste récord de 18 iglesias incendiadas, decenas de camiones y maquinarias destruidas en lo que va del año, con el consecuente daño a personas inocentes.

Es un relato que no se condice con el Chile que estamos acostumbrados a ver, que conmueve y que es parte de la realidad de muchos habitantes de la Araucanía; de muchos agricultores que no pueden cultivar sus tierras porque viven bajo permanente amenaza.

En nuestras visitas a la región también hemos conocido de cerca las necesidades del pueblo mapuche. Su demanda es clara: quieren ser parte del progreso del país que hoy les pasa por el frente y miran como espectadores, pues no tienen acceso al crédito o financiamiento para surgir. No quieren asistencialismo del Estado, de entidades públicas, que a juicio de ellos sólo han profundizado su pobreza.

Nuestro compromiso con el Parlamento Mapuche, con el que nos reunimos hace unos días, fue ser un gremio interlocutor entre sus comunidades y los diferentes líderes del país, de manera de contribuir a su integración. Y así lo haremos.

Existe común acuerdo que la violencia no es el camino para solucionar los problemas que los aquejan. Hemos coincidido en que el Estado ha fallado en el reconocimiento de sus necesidades y también en que la única vía para poner fin a este histórico conflicto es el diálogo. Y ellos están dispuestos a entablarlo.

La mayoría sólo aspira a una mejor calidad de vida. En mi rol como ex director del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) trabajé con comunidades mapuches y soy testigo de que el entendimiento es posible. Debemos comprender que su desconfianza está asociada a una pobreza sin límites y que la disputa de tierra es una de las tantas inquietudes, pero no la única.

Es tiempo de avanzar desde la declaración de intenciones hacia acciones concretas que permitan sacar este conflicto histórico de la trinchera en que se encuentra.

El rezago que afecta a la Araucanía es palpable y lo confirman las cifras. Es la región que presenta la mayor pobreza multidimensional con un 26% versus 19% del total nacional, según la Encuesta Casen 2015. Está entre las regiones con más altos índices de cesantía con un 7,6%, de acuerdo al último informe de empleo, y la reciente Encuesta Suplementaria de Ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas reveló también que es la que tiene el más bajo registro de ingreso a nivel nacional. Al evaluar la dimensión socio-económica el retraso en su desarrollo podría llegar a casi dos décadas respecto del país.

Es tiempo de tomar medidas efectivas para incentivar la inversión, desarrollar infraestructura, avanzar en oportunidades sociales, cambiar la Ley Indígena y poner mano dura a los actos delictuales de células extremistas que hoy someten a la región en el miedo y la destrucción. Esperamos que el proyecto de la Ley Araucanía, que enviará próximamente el Gobierno al Congreso, garantice efectivamente la reparación de las víctimas de la violencia que también han sentido el abandono.

Urge que la región salga del estancamiento. Gran parte de los mapuches quiere ser parte del desarrollo económico y productivo, por lo que se debe propiciar el acceso a capital; apoyándolos en capacidad de gestión y capacitación; generar asociatividad y desarrollo con identidad. Buscar fórmulas para las más de 300 mil hectáreas que hoy están improductivas.

Hay plena conciencia de que el Estado está en deuda. Debe responder a las necesidades del pueblo mapuche con miras a las exigencias del siglo XXI así como también hacerse cargo de las crecientes necesidades de una región que anhela una política pública con una mirada integral y visión de futuro», finaliza Ricardo Ariztía.