El nuevo estándar ético propuesto por la candidata presidencial de la DC, Carolina Goic, y encargado al abogado constitucionalista Patricio Zapata, para diseñar una especie de filtro a todas las candidaturas del partido, al parecer fue hecho a medida para afectar solamente la repostulación al Congreso del actual diputado Ricardo Rincón.

Lo anterior, debido a que tanto los diputados Roberto León, Iván Fuentes y la aspirante al Congreso Marcela Labraña no fueron afectados por este nuevo sistema de depuración, por lo que pueden respirar tranquilos tras la aprobación de la mesa del partido de todas las candidaturas a excepción de Rincón.

A pesar que los tres candidatos mencionados anteriormente también estaban complicados, al encontrarse en medio de problemas con la Justicia y no con procesos terminados, sus casos aprobaron el nuevo “estándar ético”, debido a que la propuesta de Zapata apuntaba a quienes hubiesen sido condenados por cualquier tribunal de Justicia.

Por tal motivo, el único dañado fue Rincón, quien ya contaba con la negativa de Carolina Goic para ser inscrito por la colectividad para su repostulación, y porque había sido condenado por un juzgado civil en 2002 por violencia intrafamiliar, hecho cometido contra su entonces esposa y madre de sus dos hijos.

Sin embargo, uno de los casos que “pasó colado” por esta nueva normativa es el diputado, Marcelo Chávez, quien en junio de 2014, en la comuna de San Pedro de la Paz, en la Región del Bío Bío, protagonizaba el volcamiento de su vehículo acompañado de una mujer que trabajaba en un club nocturno y huyendo del lugar tras el incidente. Lo que no se cuenta muy a menudo es que su huída le permitió evitar la alcoholemia y zafar la acreditación de que manejaba en estado de ebriedad.

Pero hay que señalar que su hoja de conducta al volante no estaba limpia, puesto que en 2008 protagonizó otro accidente, luego de estrellar su auto contra un supermercado en Concepción, pero en esa ocasión personal de Carabineros notó que estaba ebrio y tras su alcoholemia, esta arrojó 2.0 grados de alcohol en su sangre. Sin embargo, Chávez podrá repostular a su cargo tal como lo estaba programando.

Otra de las afectadas judicialmente es la candidata a diputada por el nuevo distrito 12, que une a La Pintana, Puente Alto y La Florida, Marcela Labraña, la ex directora del Sename que fue cuestionada cuando argumentó que la muerte de la pequeña Lissette Villa, de 11 años, al interior del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, fue producto de la pena.

En esa ocasión, Labraña expuso que la niña había llegado a la red de protección estatal en 2013 y que estaba con tratamiento porque enfrentaba “cuadros de angustia y estrés postraumático debido al abuso sexual que había sufrido por parte de su padre”.

Y lo que colmó la paciencia de muchos fue cuando descartó de plano la intervención de terceros y un origen medicamentoso, afirmando que había muerto de un paro cardiorrespiratorio producto de la descompensación por no haber sido visitada por su madre, es decir pena.

La postulación de Labraña ha sido cuestionada debido a su complicado paso por el organismo y por estar enfrentando un proceso judicial por las muertes de niños y niñas durante su paso por la institución, además de ser sindicada en el informe del Sename II de la comisión investigadora en la Cámara como una de las responsables de la profundización de la crisis del organismo.

Otro nombre al interior de la DC que también enfrenta cuestionamientos es el diputado por Aysén, Iván Fuentes, quien fue implicado por un reportaje del programa Informe Especial de haber recibido dineros de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes), conglomerado de empresas pesqueras de la zona austral del país.

Fuentes reconoció haber recibido aportes de Fipes, pero el Ministerio Público decidió no seguir adelante con las investigaciones porque había antecedentes suficientes para imputarle el delito de cohecho.

En este caso también aparece el senador Patricio Walker, quien decidió no reporstularse al Senado.

Entre los nombres cuestionados también figura el del diputado Roberto León, luego que un reportaje de Ciper Chile revelara que su hijo Roberto León Araya, fue formalizado por emitir 63 boletas de honorarios a SQM entre 2009 y 2014 por 157 millones de pesos, sin haber prestado servicios, lo que ocasionó un perjuicio tributario de 56 millones de pesos.

La investigación judicial muestra que el legislador DC también habría dado señales de estar coordinado con el controlador de SQM y ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, para ejercer presión y sembrar dudas respecto a la participación de las empresas de Sebastián Piñera en el marco del Caso Cascadas, lo cual habría quedado registrado en una serie de oficios enviados a la Superintendencia de Valores y Seguros y en las actas de la comisión investigadora del Caso.

También se mostró que León mantenía un estrecho vínculo con el ex gerente de la minera no metálica, Patricio Contesse, luego que el diputado falangista gestionara ante el MOP una  solución para el problema de un pozo de agua de su fundo “Corral de Pérez”.