Focalizar los esfuerzos del gobierno en ampliar la cobertura de agua potable hacia comunidades que de La Araucanía que aún no cuentan con suministro, cubrir la red de escuelas rurales que requieren de abastecimiento regular y fortalecer el empleo y la capacidad productiva de la región, son algunas de las prioridades que se definieron entre el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, el gabinete regional de La Araucanía, y la recién designada gerente del programa del Plan de Reconocimiento y Desarrollo de La Araucanía, Nora Barrientos.
El plan, presentado por la Presidenta Michelle Bachelet el 23 de junio pasado, busca invertir más de 881 mil millones de pesos en la Región de La Araucanía -para el periodo 2017-2021- en inversiones que permitan desarrollar económica y socialmente la zona. Del total, 308 mil millones de pesos que el Gobierno deberán ejecutarse durante el próximo semestre.
En el plan también están considerados aproximadamente 3 mil millones de pesos para el Fondo de reparación para las víctimas de la violencia rural, situación que también fue destacada por Aleuy. “Cuando uno mira los sucesos desde fuera puede considerar que ese monto (tres mil millones) puede ser escaso, pero debemos establecer jurídicamente si se efectuó el acto de violencia que se menciona. Segundo que no haya seguros comprometidos y si alguien tiene un seguro lo cobrará, por ende, no necesita ayuda. Y tercero, el Estado no es una empresa de seguro, por lo tanto, no es que reponga todo los bienes, lo que hace es generar un aporte en los casos calificados para que esa persona pueda transitar de nuevo en el camino productivo que tenía previo a los hechos”.
Visita del Papa Francisco a Temuco
El subsecretario también fue consultado por los dichos del líder de la denominada “Coordinadora Arauco Malleco”, Héctor Llaitul, quien señaló esta semana que no dialogará con el Estado chileno y que se seguirán ejecutando acciones de “control territorial”.
“Nosotros hemos presentado una querella contra la organización que él dice representar, estamos contra la violencia y estamos contra la gente que promueve la violencia públicamente, más cuando tiene medidas especiales para no seguir en la cárcel (…) Si ellos deponen la actitud de violencia, nosotros dialogamos con cualquier persona que no usen el método de violencia, ni cometan ilícitos en el país”.
La autoridad agregó que “todos deben respetar las normas que existen en Chile, porque en eso consiste nuestra convivencia democrática, la convivencia democrática del país no consiste en generar actos de violencia para promover determinado tipo de pensamientos, doctrina o reivindicaciones”.
Sobre la anunciada visita del Papa Francisco en enero de 2018 y las coordinaciones que está realizando el Estado para organizar dicho evento, Aleuy explicó que “es una actividad que el propio Vaticano tiene sus medidas de seguridad propia y ellos establecen como se hacen las cosas, como se distribuyen las personas. No hay singularidades importantes de relevar en esta etapa”.
