Este jueves comenzó la mesa de trabajo intersectorial para buscar poner fin a distorciones que provocan vacíos legales y que han permitido los llamados «jubilazos» denunciados por la prensa.
Cabe recordar que en el año 2003, Michelle Bachelet siendo ministra de Defensa, envío un proyecto de ley para terminar con este tipo de distorsiones, lo que no prosperó en el Congreso.
La jornada de esta jueves fue presidida por la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic, fijándose 45 días como plazo para estudiar modificaciones y así evitar que se produzcan abusos en el sistema previsional de las FF.AA.
Con participación de las subsecretarias para las Fuerzas Armadas y de Previsión Social, Paulina Vodanovic, y Jeannette Jara, respectivamente, además del Vicepresidente Ejecutivo de Capredena, Cristian Rojas, se constituyó en dependencias del Ministerio de Defensa Nacional la mesa de trabajo que estudiará las modificaciones que deben efectuarse para evitar que se produzcan situaciones que, en definitiva, afectan a las FF.AA. por tratarse de abusos o distorsión en el sistema previsional.
La Subsecretaria Vodanovic adelantó que los equipos técnicos se encuentran trabajando para cumplir con el plazo máximo de 45 días, sin embargo, recordó que los temas referidos a normar el funcionamiento de las Comisiones Médicas y la eliminación de los bonos por años de servicio para el cálculo de las jubilaciones, suprimiendo las dobles contrataciones, ya fue tema de la entonces ministra, hoy Presidenta Michelle Bachelet. “El año 2003 envió un proyecto de ley para terminar con estas distorsiones, lamentablemente ese no siguió adelante en el Congreso por la oposición que hubo en su tramitación”, señaló.
No obstante, a partir del 2014 se han ido realizado correcciones e incluso desde abril del año pasado se conformó una “mesa de trabajo con las Instituciones para abordar el problema en el ámbito administrativo, o sea lograr que las Comisiones de Salud de las FF.AA. tengan un criterio común para que las pensiones sean otorgadas según opera el COMPIN, es decir, el resto del sistema público de salud”.
Refiriéndose a la mesa de trabajo, la Subsecretaria para las FF.AA. señaló que “hoy día tenemos que incorporar la visión de la Subsecretaría de Previsión Social y del Ministerio del Trabajo para ir tendiendo a homogeneizar aspectos como, por ejemplo, el funcionamiento de estas Comisiones, situación que fue reparada también por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que lo incluyó como crítico en su informe”.
Junto con destacar el esfuerzo del Gobierno en orden a transparentar y corregir todo lo que ha significado distorsiones o abusos, buscando fórmulas legales y administrativos para que estos actos no se repitan, fue clara en reiterar que este trabajo se viene haciendo hace un tiempo. “De lo que se tomó conocimiento a raíz del reportaje es que hay personas que declaran un estado de salud distinto al que aparece en los antecedentes que dieron lugar a una pensión por inutilidad y que obran en poder nuestro”, señaló explicando que como “no tenemos las facultades legales para investigar, por eso se puso de inmediato en conocimiento del Ministerio Público, que es el único organismo que va a podrá hacerlo”.
Por su parte, la Subsecretaria Jara explicó que “la seguridad social en el mundo aborda aspectos previsionales y de pensiones, donde la generalidad es que las personas se retiren al momento de su jubilación por edad o, como en el mundo militar por años de servicio. Los regímenes de invalidez o inutilidades constituyen una excepción al momento de jubilarse”.
Dijo que “la homogenización de las prestaciones de seguridad social es uno de los principios que rigen los sistemas en el mundo y, que en nuestro país en las materias que sean pertinentes y atendiendo a las características distintas que hay entre el mundo civil y militar, deben ir de una u otra forma tomando un mismo camino”, concluyó.
Por su parte, el Vicepresidente Ejecutivo de Capredena anunció que “vamos a trabajar en aras a definir en qué ámbito se puede avanzar para otorgar mayor transparencia al sistema de obtención y concesión de las inutilidades de segunda clase”, añadiendo es importante tener en cuenta que “las pensiones sean de invalidez o por retiro tanto en el mundo civil como en el militar son derechos adquiridos, están constitucionalmente protegidas. Obviamente, si la investigación judicial llegase a identificar que existe fraude en el proceso de obtención tendrá que ser la justicia la que inicie las acciones penales. Ni la subsecretaria, ni la Contraloría, ni Capredena tiene facultades para quitar o investigar este tipo de situaciones”.
