Los datos duros señalan que 7.600.000 venezolanos rechazaron la Asamblea Constituyente que deberá ser elegida el próximo 30 de julio. Y la oposición logró con esta iniciativa un gran impacto político, movilizó a la comunidad internacional y le dio legitimidad al proceso de desobediencia civil expresado por las protestas que lleva adelante desde el 1 de abril y que ha significado la muerte de más de 90 manifestantes. De hecho, Estados Unidos y la Unión Europea amenazaron con sancionar a Venezuela si sigue adelante con su proyecto, que permitiría desmontar lo que resta del aparato institucional autónomo del país, en particular la Asamblea Nacional y la Fiscalía General, con lo que se consolidaría una dictadura.

La heterogénea oposición, unida en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) llevó a cabo un extraordinario trabajo logístico, ya que en menos de quince días, logró convocar a los electores, enfrentando todas las restricciones del gobierno, el control del Estado, que está pasando lista a los más de 2.500.0000 funcionarios públicos, a los empleados de las empresas estatales, a los miembros de las FFAA armadas más de 500 mil, que deberán presentarse sí o sí el 30 de julio, para votar la Constituyente.

La elección de la Asamblea será digitada por el gobierno, se elegirán 545 miembros, a través de dos tipos de votaciones: 364 en el ámbito territorial (donde se privilegiará a las circunscripciones chavistas) y 181 en el ámbito sectorial. Los representantes no se elegirán por partidos, sino por organizaciones en la que el gobierno tiene un fuerte control.

No cabe duda, que impedir la instalación de la Asamblea Constituyente se ha transformado en una lucha existencial para la oposición, considerando que esta funcionará como un suprapoder, que podrá fijar reglas generales con una minoría regulada por el vértice del mando chavista, incluyendo impedir las elecciones presidenciales fijadas para 2018.

Cabe preguntarse en este contexto, de profunda crisis humanitaria, política, económica y social, ¿Si el presidente Maduro podrá retroceder con la iniciativa de instalar la Constituyente, considerando el nivel de las presiones que debieran aumentar, de aquí al 30 de julio?

Lo cierto es que el proceso no depende de exclusivamente de su voluntad, sino de los grupos que controlan el poder. La disolución del Estado en Venezuela, durante el régimen chavista, ha dado lugar a un centro de poder atado a las ganancias de la corrupción y el narcotráfico. La Casa Blanca a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ya impuso sanciones a funcionarios y exfuncionarios venezolanos vinculados al narcotráfico, entre ellos el ministro de Defensa Vladimir Padrino y al vicepresidente del partido Socialista unido de Venezuela (PSUV oficialista), Dios dado Cabello.

Ceder en este momento sería exponer la estructura delictiva del régimen. Aunque Maduro titubee, sus aliados le impedirán cancelar el proyecto de la Constituyente.