Por 36 votos a favor, 47 en contra y 13 abstenciones fue rechazado ayer, por la Sala de la Cámara de Diputados, el informe de la Comisión Investigadora del Sename II, el cual contemplaba más de 60 propuestas y una amplia cantidad de conclusiones, que incluían la asignación de responsabilidades políticas y administrativas, así como duras apreciaciones en torno al rol del Estado y a diversas instituciones, públicas y privadas.

Al término de la sesión especial, desarrollada entre las 16:00 y las 18:30 horas de este martes, legisladores de las diversas bancadas políticas justificaron su posición, tanto en una como en otra dirección.

En el oficialismo, la posición fue mayoritariamente de rechazo o abstención. Los parlamentarios de este sector estimaron que el informe fue parcial y que no reflejaba los avances que ha promovido el Ejecutivo en la materia.

Para algunos, el texto aprobado por la Comisión no puso la prioridad en el bien superior del niño, mientras que otros, que si apoyaron el informe, lamentaron la actitud de sus colegas y sostuvieron que los grandes perdedores de la jornada fueron los niños de nuestro país.

La oposición, que apoyó en su mayoría el informe, criticó el cambio de postura de legisladores de la Nueva Mayoría y no dudó en acusar manejo de La Moneda en la materia. En este plano, remarcaron que no es de extrañar que no se observen avances en este ámbito y que los niños del Servicio Nacional de Menores (Sename) sigan en estado de vulnerabilidad.

Datos del informe rechazado

Entre las conclusiones del informe rechazado, se acusaron “deficiencias graves en el sistema de protección de la infancia, tanto en el diseño como en la ejecución de planes y programas destinados a la infancia vulnerada”. Además, se denotóque tanto el Ministerio de Justicia como las autoridades del Servicio Nacional de Menores (Sename) fueron advertidos y tenían conocimiento de los graves incumplimientos por parte de instituciones relacionadas.

En el documento se señalaba que, entre los aspectos que develó el dramático caso de Lissette Villa, estuvo el continuo ingreso y egreso de niños, niñas y adolescentes (NNA) de los diversos programas del Sename, así como problemas estructurales y fallas graves de coordinación y trabajo intersectorial entre organismos públicos y entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

La Comisión, aprobada en mayo de 2016, también dijo constatar la existencia de una “cultura de desprotección de derechos” al interior del Sename y de los organismos colaboradores y de los órganos públicos que tienen dentro de sus competencias la atención de NNA vulnerados en sus derechos; y discriminación en las modalidades de atención de NNA provenientes de familias de escasos recursos.

El informe también realizó críticas a la gestión de algunas exautoridades del Gobierno y del Servicio, así como a la falta de avance en la rectificación de prácticas negativas observadas en la Comisión Investigadora del Sename I.

Propuestas

El informe presentaba un contundente marco de 64 propuestas para mejorar el sistema. La primera de ellas apuntaba a solicitar al Estado de Chile el reconocimiento oficial por las graves vulneraciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y el perdón hacia las víctimas y sus familiares.

Luego, se proponía la creación de una instancia amplia, transversal y diversa que se constituyera en la “Comisión Nacional de Verdad en materia de Infancia”, a fin de contribuir al esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos en contra de NNA cometidas por el Estado. Junto con lo anterior, se planteaba que la referida comisión estableciera medidas de reparación a favor de las víctimas y sus familias.

El informe postulaba variadas reformas en el ámbito normativo, desde el reglamentario al constitucional, así como la definición de urgencia para el despacho de iniciativas en trámite en el Congreso que abordan la temática del niño y, en particular, para la protección de sus derechos.

También se proponían medidas en el área administrativa y de recursos asignados, de modo de mejorar las condiciones de las instituciones del Sename, de aquellas que sean sus herederas (en caso de la concreción de la reforma en curso) y de las privadas relacionadas.

Asimismo, se planteaban acciones de mayor fiscalización; capacitación del personal; un presupuesto prioritario para la niñez vulnerada; garantías en materia de educación y atendimiento de salud de los menores; y la separación adecuada entre niños vulnerados y niños infractores de leyes, imputables e inimputables, entre otras.