A una semana de la nevazón que provocó un nuevo colapso para la eléctrica italiana Enel, el Gobierno llamó a terreno a la cuestionada transnacional. En paralelo, dos parlamentarios de la DC, Claudio Arriagada y Gabriel Silber, a través de una carta a la Presidenta Bachelet, pidieron revocar la concesión a la compañía y municipios lideran las ofensivas legales en contra de la distribuidora de electricidad a la que se le responsabiliza por la muerte de dos personas electrodependientes.

Por su parte la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) oficializó los cargos contra Enel y la Compañía General de Electricidad CGE, por sus responsabilidades en los cortes de suministro eléctrico y en la demora en la reposición del servicio.

El superintendente, señaló que solo a Enel se le imputa otro cargo por entregar información incompleta o manifiestamente errónea. Esto, porque se detectó que la empresa informó haber repuesto el servicio a algunos clientes, antes de haberlo realizado efectivamente.

En este complejo escenario Enel arriesga sanciones de hasta 20 mil Unidades Tributarias Anuales, es decir, más de $11 mil millones (US$16 millones) por los dos cargos. CGE podría ser castigada con una multa que poría llegar a la
os 8 millones de dólares.

Caducar la concesión

En las redes sociales crece la petición de retirar la concesión a la eléctrica a Enel, cuestión que debe haber motivado a los diputados Silber y Arriagada para solicitarle a la Presidenta que se caduque la concesión de Enel Distribución, argumentando que la Ley General de Servicios Eléctricos señala que la máxima autoridad de la república podría solicitar mediante decreto supremo dicha medida en el caso de que la calidad del servicio suministrado no corresponda a las exigencias preestablecidas en la ley.

A modo de respuesta a la petición parlamentaria, el ministro de Energía, el socialista Andrés Rebolledo señaló que “efectivamente la ley eléctrica contempla la posibilidad de caducar las concesiones. Hoy lo que estamos haciendo es utilizar los instrumentos que tenemos, las multas y compensaciones”.

Por su parte el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy –que citó a los ejecutivos de Enel a La Moneda- fue consultado por la petición de los diputados decé a lo que respondió: “Eso lo tienen que ver los organismos competentes”.

Pero Aleuy le rayó públicamente la cancha a las eléctricas que han dejado entrever que si hay soterramiento u otras inversiones para asegurar el servicio ese costo se reflejará en las cuentas de los clientes, en este sentido el subsecretario Aleuy fue categórico: “No vamos a traspasar a tarifa lo que es una obligación de la empresa privada en Chile”

Enel: El que explica se complica

Los cuestionamientos, transversales, a la eléctrica dice relación con la caída en las inversiones lo que se ha traducido en mala calidad de servicio, lo que ayer el máximo ejecutivo de la transnacional, el italiano Nicola Cotugno, desestimó explicando los montos de inversión que hace la compañía.

“En los últimos tres años, la inversión ha subido cada año, tanto de mantenimiento como de fortalecimiento de la red, un 20%. Hemos puesto en este ámbito inversiones de US$350 millones-US$360 millones”, aseguró Cotugno.