«Estaremos en disposición de comenzar en marzo o abril de 2018», aseguró la jefa de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, así la construcción del controvertido muro en la frontera entre Estados Unidos y México con el que el presidente estadounidense Donald Trump quiere frenar la entrada de inmigración ilegal en su país se está haciendo realidad, lo que sin duda significará un deterioro en las relaciones entre ambos países.
La fecha fue dada a conocer por la jefa interina de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost, durante una audiencia ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes. «Si trabajamos diligentemente, si recibimos los fondos, estaremos en disposición de comenzar en marzo o en abril de 2018», manifestó Provost.
Como zonas prioritarias para levantar la barrera fijó la de San Diego, en California, donde existe una valla «anticuada», y la del Valle del Río Grande, en el estado de Texas. La alta funcionaria de la Patrulla Fronteriza admitió que hay lugares en los que la frontera natural existente excluye la necesidad de levantar el muro. Aun antes de erigirse, ya está sirviendo como disuasión para los inmigrantes ilegales, cuyo número ha descendido.
Aumentan los detenidos que intentan cruzar
En enero fueron aprehendidos 43.000 inmigrantes en toda la frontera con México, de 3.185 kilómetros, en febrero menos de 24.000 y en marzo la cifra no llegó a 17.000, cuando en el verano de 2014 se habían alcanzado récords de 60.000 personas al mes.
En el centro de atención de Cáritas en la ciudad de McAllen (Texas), dirigido por la hermana Norma Pimentel, por ejemplo, «la caída ha sido increíble: no llegan más de una o dos familias al día». «Con un muro será mucho más difícil cruzar y los inmigrantes tendrán que recurrir a las mafias para poder llegar a Estados Unidos. Ya estamos viendo cómo las tarifas de los ‘coyotes’ se han duplicado en algunos puntos», dijo a Efe Madeleine Penman, investigadora sobre inmigración de AI. Según datos oficiales, esas tarifas habrían aumentado un 130%, de 3.500 a 8.000 dólares por un inmigrante de México a Estados Unidos.