Viña del Mar, otrora Ciudad Jardín, hoy ciudad de jardines de cemento y altas torres, ha perdido su encanto de ciudad balneario que demolió una a una las típicas casonas que le daban ese sello a la ciudad costera. Hoy Viña sin sin duda dejo se ser la ciudad bella que era y ahora es una mole de cemento de mal gusto y que sigue destruyendo lo poco de patrimonio arquitectónico que les queda. Así, pendiendo de un hilo está la llamada «Casa Italia» una emblemática construcción que podría dejar de existir para dar paso a dos torres.

En este contexto, la Fundación Defendamos la Ciudad se refiere a la decisión unánime que adoptó en diciembre de 2016 el Consejo de Monumentos Nacionales sobre esta materia.

Patricio Herman, presidente del colectivo ciudadano, expresa que los inmobiliarios que desean demoler ese patrimonio arquitectónico presentaron un recurso judicial en contra del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) pidiendo una Orden de No Innovar (ONI), la que fue rechazada aunque la tramitación del recurso continúa.

Si la ONI hubiera sido acogida, la ministra Delpiano no podía firmar el decreto supremo que declaró a ese inmueble como Monumento Histórico bajo la figura de Monumento Nacional, pero como ello no aconteció la ministra debía haber firmado oportunamente dicho decreto y si no lo ha hecho es porque no quiere ser criticada por quienes desean levantar las 2 torres de 22 pisos cada una, previstas en un anteproyecto aprobado por al Dirección de Obras de Viña del Mar.

Este asunto puntual lo he tratado en su oficina con la arquitecta Ana Paz Cárdenas, secretaria ejecutiva del CMN, teniéndose en cuenta que hay otros tantos casos similares demostrativos de la debilidad del Estado para ejercer su rol.

Hoy hay, por las 2 torres, un simple permiso de anteproyecto que es un acto administrativo preliminar que le otorga a su poseedor una expectativa de negocio. Lo que genera un derecho adquirido es el permiso de edificación, siempre y cuando sea respetuoso del marco regulatorio de Vivienda y Urbanismo, acto administrativo terminal que no existe y por ello instamos a la ministra Delpiano a que, sin temor a equivocarse, firme el decreto supremo que lo tiene en su escritorio, señala la ONG.