Un oficio dictado en noviembre de 2005 por el Servicio de Impuestos Internos (SII) permitió al Partido Socialista evadir impuestos por $1.400 millones de pesos, que se enmarcan dentro de las ganancias obtenidas por las inversiones hechas en la empresa SQM con el bono que el Estado le entregó por las incautaciones de sus bienes luego del golpe militar de 1973.

Según informa radio Biobío, que tuvo acceso al documento del SII, el dinero no cancelado fue producto del Oficio N° 4.335, del 7 de noviembre de 2005, el cual fue firmado por quien era entonces director del SII, Juan Toro Rivera.

La información consigna que Toro Rivera fue quien en diciembre de 2002 estableció que “los sobresueldos que recibieron ministros, subsecretarios y otras autoridades de la Concertación no eran tributables«.

El documento estableció que las ganancias obtenidas por la venta de acciones, bonos, créditos, depósitos a plazo, entre otros, quedaran si el pago de los impuestos respectivos, argumentando para ello que un partido político no podía ser asimilado a una empresa.

“Que para calificar a una entidad de empresa se requiere de la formación de un todo constituido por el capital y el trabajo, encaminado a la realización de actividades mercantiles, industriales o de prestación de servicios con fines lucrativos, propósito este último que no concurre en el caso de aquellos entes cuyo objetivo principal por su naturaleza no es perseguir un fin lucrativo, y que las eventuales rentas obtenidas se invierten íntegramente en el financiamiento de la colectividad o asociación de que se trate”, señala el oficio.

Este nuevo antecedente viene a remover las aguas dentro de la escena política, luego que la semana pasada Mega diera a conocer que el PS invirtió los fondos obtenidos del Estado en empresas cuestionadas como SQM, Pampa Calichera, Autopista del Sol, Vespucio Norte, Compañía General de Electricidad (CGE), Aguas Andinas y Esval, mientras que en el extranjero lo hizo en Braskem que es propiedad de Odebrecht.

Además, la información señala que Juan Toro Rivera «dejó sin pago de impuestos los sobresueldos obtenidos por las autoridades de la administración de Ricardo Lagos, gracias a otro dictamen, de diciembre del 2002 a petición del Ministro del Interior de la época, José Miguel Insulza, bajo oficio Reservado N° 379, de fecha 20 de noviembre de ese año«.

El oficio también menciona que “se cumplirían las exigencias de la norma tributaria que los exime de impuesto a la renta, toda vez que se originarían en una disposición legal en los términos que señala, y que tales fondos son de inversión discrecional por parte de la autoridad competente”.

La emisora también consigna que cuando Juan Toro Rivera era el director del Servicio de impuestos Internos, el Ministerio de Hacienda estaba encabezado por Nicolás Eyzaguirre y la Dirección de Presupuestos era ocupada por el actual presidente del Banco Central, Mario Marcel Cullel.

Asimismo, recuerda que el oficio que evitó cancelar los impuestos a los partidos políticos que obtienen ganancias por inversiones en el mercado, el subdirector jurídico del SII era Bernardo Lara, militante socialista que dejó el cargo en 2006, pero que ahora regresó con actual director Fernando Barraza.