Una positiva evaluación sobre el manejo que tuvo el Estado chileno respecto de la pasada emergencia nacional, vinculada a los incendios que afectaron bastas zonas del país, realizó el Subsecretario del Interior, Mahmund Aleuy, ante la Comisión Investigadora de la Cámara que analiza este caso y que es presidida por el diputado Celso Morales (UDI).

«Estos aspectos, a nuestro juicio, permitieron que este incendio que las Naciones Unidas y organismos especializados han tenido que verificar como de ‘sexta generación’, haya podido tener resultados comparativamente con otros casos de calificados de excepcionales por los organismos técnicos correspondientes (…) Por lo tanto, creemos que hemos respondido adecuadamente a lo que la Comisión está investigando», enfatizó en su presentación.

Aleuy informó que, en julio de 2016, se hizo un análisis pormenorizado de la situación de incendios en el país, equivalente a la que se está haciendo ahora con en el tema de las lluvias, usando todo el trabajo previo de determinación de zonas de riesgo en Chile, que se hizo con la empresa privada y toda la infraestructura estatal.

«A raíz de ese análisis, el 24 de octubre de ese año hicimos un decreto de riesgo preventivo, que es el primero que se ha hecho en Chile, porque entendimos que había que entregarle recursos adicionales, en este caso a la Conaf, para que pudiera trabajar adecuadamente en la preparación de los aspectos que tenían que ver con lo que suponíamos iba a ser un gran desastre en el país y traspasamos $3 mil millones, pero en un convenio de 6 mil millones, en total», especificó Aleuy.

Detalló que el 4 de noviembre se realizó toda la coordinación institucional que corresponde para enfrentar este tema, lo que implicó la ratificación de los convenios Conaf-Onami; los acuerdos con el Ejército y la Armada, para el uso de la infraestructura aérea que ellos poseen; y, a partir de diciembre, la construcción de 145 kilómetros de cortafuego, que durante el período de los incendios se extendieron a 517 kilómetros adicionales.

Adicionalmente, acotó a los legisladores, se estableció un aumento del presupuesto de los programas de Manejo de Fuego de la Conaf (incremento de un 41,4% entre 2015 y 2016) y de Bomberos (creció un 61,7% de 2014 a 2016).

Luego, el Subsecretario comunicó que el Ministerio del Interior lleva gastado en emergencia, al 10 de marzo, 44 mil 214 millones de pesos, que pueden ser verificados en las transferencias que se hicieron a los Ministerio de Defensa, de Salud y Obras Públicas, a la Onemi, a Bomberos, a la Conaf, a Carabineros y a la PDI.

En este plano, por ejemplo, destacó que hacia finales de 2016 se traspasaron 112 millones de pesos al Ejército para adaptar helicópteros Cooper, en tanto que en el caso de la Armada se entregaron 255 mil millones de pesos para acomodar ocho aeronaves.

Estrategias y organización

El Subsecretario indicó que el sistema de protección civil en nuestro país tiene básicamente dos pilares históricos: la ayuda mutua, que consiste en el hecho que en la medida que empiezan a producirse estos fenómenos, las instituciones no son capaces de enfrentarlas por si solas, por lo que se realiza una coordinación del conjunto de capacidades; y el uso escalonado de los recursos, es decir, el empleo del conjunto de recursos disponibles sea a nivel comunal, provincial, regional y, en muchos casos, como ha tocado desde 2014 a la fecha, a nivel nacional.

Acotó que para determinar qué tipo de recursos utilizar, la Onemi tiene un sistema de alerta temprana preventiva, que es el primer escalón, una amarilla y luego una roja.

Aleuy señaló que un tercer pilar se agregó en 2014, cuando se tuvo que enfrentar el desastre de Iquique. «Reforzamos el trabajo de articulación de toda la institucionalidad del país, estatal y privada, para identificar los nudos críticos que existen en Chile. Eso permitió, a través de la constitución de trece comisiones de trabajo con el mundo privado, hacer un mapa general de riesgos del país, no solo en términos territoriales, sino también funcionales, es decir, identificar infraestructura crítica que existe en Chile y cuáles son los roles que cada sector debe cumplir o que hay que mejorar para poder trabajar de manera más adecuada», precisó.

El Subsecretario informó que, frente a cualquier emergencia, se consideran las siguientes variables: el orden público (remarcó que por eso cuando se produce un desastre de magnitud se decreta el estado de excepción constitucional en paralelo con el estado de catástrofe); la mantención y resguardo de la infraestructura crítica (electricidad, agua potable y de salud); y el cobijo de los afectados.

«Hemos aprendido en estos casi tres años, donde hemos tenido más desastres en el país que los acumulados desde 1960 hasta 2014, que en Chile no existen instituciones virtuosas que sean capaces de enfrentar los desastres. O lo hacemos entre todos o será imposible obtener los resultados que hemos obtenido. Tampoco existen aparatos virtuosos para hacer esto, o juntamos todas las capacidades, que es lo que hemos hecho nosotros, y las articulamos con el nivel de coordinación y cooperación que corresponde o es muy difícil obtener los resultados obtenidos hasta ahora», remarcó.

Especificó que, para poder tomar las decisiones se convoca a un Comité de Operaciones de Emergencias (COE), que está integrado de manera permanentemente por el Ministerio del Interior, el Estado Mayor Conjunto (con la coordinación de todas las FF.AA.), Carabineros, Investigaciones, Bomberos y los ministerios que tienen que tienen que operar en este tipo de emergencia (Salud, MOP, Transportes, Energía), más aquellas instituciones o estamentos que tengan que ver con la situación en particular.

Sostuvo que el mayor problema es administrar el miedo y tener una política precisa de cuáles serán las prioridades. En todo caso, remarcó que para el Estado de Chile la prioridad está dada en la vida de las personas.

Respecto de la prevención, señaló que sería importante que se integre a los planos reguladores normativas que impidan la construcción en zonas de riesgo identificadas. Reconoció que no todas las municipalidades tienen condiciones para hacer esto y que existe una cultura que hay que enfrentar en la materia, junto con materias de carácter económico, pero estimo importante avanzar en el punto y planteó que se está evaluando entregar atribuciones en este plano a la nueva Onemi que se espera concretar en el corto tiempo.

Ayuda internacional

Consultado por varios diputados, el Subsecretario recalcó que toda la ayuda internacional, sea esta privada o pública, se hace a través de la cancillería y «no a través de los diarios».

Negó que haya existido demora innecesaria en las operaciones y remarcó que es preciso coordinar variadas acciones, aún cuando se trate de una donación, como por ejemplo, el pago de tasas de los aeropuertos y la carga de combustible.

Respecto del caso específico del avión norteamericano, dijo que el ofrecimiento inicial (21 de enero) fue de carácter comercial (app. 10 millones de dólares por 30 días) y que solo el día 23 una fundación planteó el tema de la donación. Acotó que, en ese momento, se hicieron todos los procedimientos administrativos habituales, lo que permitió que el avión llegara a Chile solo dos días después.