La designación de ex ministros de gobierno como miembros del Consejo de Defensa del Estado ha generado un encendido debate cuya coronación se dio con la designación de Javiera Blanco.

Con una punzante yu oportuna reflexión entró al debate el ex presidente de este organismo Luis Bates, que en carta al dircetor publicada en el viejo Mercurio el pasado 1 de marzo pone énfasis en la pulcritud de los integrantes del CDE: «En tiempos de reformas constitucionales, junto a la igualdad ante la ley debería agregarse el principio de igualdad en la admisibilidad a los cargos públicos y revisarse la regulación legal existente, de modo que se sustente preferentemente en el mérito y la idoneidad funcionaria».

Bates inicia su misiva señalando: «Institución de honrosa tradición al servicio de los intereses del Estado -es decir, de todos los ciudadanos-, su historia, escrita por el ex consejero Gonzalo Vial, refleja la gravitación del Consejo en la construcción del Estado de Derecho y en la vida democrática del país; la excelencia jurídica de sus integrantes; la participación en litigios asociados a la corrupción política de la época en juicios salitreros y de tierras, y otros interesantes contenidos que, unidos a sus actuales funciones sobre variadas materias jurídicas patrimoniales y de notoria trascendencia social -como lo expresa su ley orgánica-, es indispensable conocer para las decisiones políticas que afecten su institucionalidad. Tan delicadas funciones las ha cumplido el Consejo con un bajo perfil mediático, la necesaria autonomía frente a los gobiernos de turno y la mayor excelencia jurídica.

Parte importante de sus funciones las realiza ante los tribunales de justicia de las regiones del país, contribuyendo, según la calidad de sus intervenciones, a la función constitucional de los jueces de conocer y resolver los juicios civiles y penales en que es parte el Estado.

Ejemplos de casos de confrontación de intereses con los gobiernos de turno lo han sido con la denominada Unidad Popular y la dictadura militar, período este último en que el Consejo registra incluso un mártir: Julio Cabezas, procurador fiscal de Iquique asesinado por un supuesto Consejo de Guerra, como se recuerda en la obra citada.

Refuerzan la necesidad de su autonomía la creciente judicialización de nuestros conflictos derivados de la modernidad, la cultura litigiosa imperante y otros factores que sobrecargan el trabajo del Consejo y del sistema judicial.

Por otra parte, ha sido también tradición del Consejo estimular la proyección laboral de sus abogados mediante la excelencia de los conocimientos jurídicos generales y especiales requeridos para enfrentar juicios complejos y calificadas contrapartes, el conocimiento interno de la institución y sus relaciones con los demás órganos de la Administración del Estado.

La correcta selección del personal y sus directivos debe hacerse, por lo tanto, con una visión de Estado, para no transformar a la institución en un refugio laboral de ambulantes políticos en desmedro de los altos niveles éticos y jurídicos requeribles. Hacer prevalecer la cultura de los favores políticos en la designación de los cargos de confianza puede nublar la aplicación de otros valores, afectar el correcto ejercicio del poder legal para la designación de esos cargos y debilitar la aplicación efectiva de los principios constitucionales de servicio, igualdad de oportunidades y probidad. Este último, con su componente de excelencia en el oficio para combatir la corrupción particularmente en sus modalidades de conflictos de intereses y tráfico de influencias, de las que el caso Caval es un buen reflejo. Evitar la mediocridad en la designación de los cargos públicos y sus negativos alcances en las crisis de todos los pueblos es un desafío político permanente.

La mera declaración de inhabilidades para los funcionarios implicados en conflictos de intereses no parece hoy suficiente frente a los avances que ha experimentado el país en materia de transparencia y control ciudadano de la corrupción.

En tiempos de reformas constitucionales, junto a la igualdad ante la ley debería agregarse el principio de igualdad en la admisibilidad a los cargos públicos y revisarse la regulación legal existente, de modo que se sustente preferentemente en el mérito y la idoneidad funcionaria.

No solo el progreso material, sino también el del ejercicio de la política deben contar con un mayor apoyo técnico-jurídico para la elaboración y, sobre todo, ejecución de las políticas públicas y las leyes que las implementan. Se ganaría en confianza y credibilidad ciudadana de la función estatal, remata Luis Bates.

Luis Bates fue Abogado Universidad de Chile. Doctor en Derecho Penal, Universidad Complutense, Madrid, España. Profesor Visitante, Harvard University, Programa de Educación Legal Clínica. Becario Fullbright, American University, Washington DC, U.S.A.

Ex presidente del Capítulo Chileno de “Transparency Internacional” (2003). Fue consejero y Presidente del Consejo de Defensa del Estado de Chile (1993-1996). Juez, abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago. Consejero del Colegio de Abogados de Chile. Ocupó el cargo de Ministro de Justicia (2003-2006). Fue presidente del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (A.N.F.P.). Miembro del Consejo de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa.