La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, dijo sorpresivamente este viernes que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de su país de asumir las funciones del Poder Legislativo constituye una «ruptura del orden constitucional«.

“En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (…), lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, señaló Ortega durante la presentación del balance de gestión del Ministerio Público.

La Fiscal, muy cercana al chavismo, es la más alta funcionaria del Estado venezolano en criticar el fallo del TSJ en el que advertía que asumiría las competencias de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición desde las elecciones de diciembre de 2015.

Ortega consideró que «es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento«, en lo que es una clara discrepancia con el discurso oficial del gobierno venezolano.

«Llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, que respetando la Carta Magna, propiciemos un ambiente de respeto y de rescate de la pluralidad«, precisó.

La oposición calificó el fallo del TSJ como un «golpe de Estado» al tiempo que gobiernos de la región expresaron su «preocupación«, mientras que Perú retiró su embajador de forma «definitiva».

Panamá, México, Argentina, Brasil, Colombia y Chile, al igual que organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), también se sumaron a las críticas.

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro respondió con un comunicado en el que afirmó que «los gobiernos de la derecha intolerante y pro-imperialista de la Región, dirigida por el Departamento de Estado y los centros de poder estadounidenses, mediante falsedades e ignominias pretenden atentar contra el Estado de Derecho en Venezuela y su orden constitucional«.

La declaración agrega que «han desatado una histérica campaña contra Venezuela, ante el fracaso de sus intenciones por inmiscuirse en nuestros asuntos internos. Los motiva la venganza y la intolerancia político-ideológica contra la sólida y vigorosa democracia venezolana y su modelo inclusivo de derechos humanos«.

Por su parte, el gobernador opositor Henrique Capriles solicitó a los países de la OEA que se declare “ruptura de hilo constitucional” en Venezuela, en caso que el máximo tribunal de su país no revierte la decisión de adjudicarse las funciones legislativas.

En ese sentido, sostuvo que “esperamos una resolución en la que el Consejo Permanente diga que ha habido una ruptura del hilo constitucional”.

Capriles hizo estas declaraciones en la sede de la OEA en Washington, luego de una reunión con el secretario general, Luis Almagro.

“Las cosas cambiaron drásticamente porque se materializó el cierre del poder más representativo de la democracia (…) es una hora decisiva en el continente”, afirmó.

Añadió que la reunión urgente del Consejo Permanente, la cual fue solicitada esta mañana por Almagro se realizará la semana próxima.