Una vez más el ex Presidente Sebastián Piñera tendrá que salir a dar explicaciones por sus inversiones, luego que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decidió declarar admisible la ampliación de la querella presentada por el diputado del PC, Hugo Gutiérrez, y que se añaden los antecedentes vinculados con el negocio familiar del ex mandatario en la Minera Dominga.

La resolución implica que se le solicita al Ministerio Público que continúe la línea investigativa sobre eventuales delitos de negociación incompatible y uso de información privilegiada.

La primera querella presentada por Gutiérrez apuntaba a la compra de acciones en la pesquera peruana Exalmar, la cual habría hecho el ex Presidente durante su periodo en la primera magistratura del país y en medio del juicio que se realizaba en La Haya por una demanda marítima interpuesta por Perú.

Con la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, la justicia tendrá que incluir los antecedentes relacionados a la familia Piñera-Morel con la Minera Dominga, lo cual los habría beneficiado luego del fracasado proyecto termoeléctrico Barrancones y bajo su gobierno.

El requerimiento solicitado por los abogados de Gutiérrez, Boris Paredes y Fernando Monsalve, ante el Cuarto Juzgado de Garantía pide que Piñera sea indagado por el delito de negociación incompatible, ya que “el grado de participación penal y la tipificación es la misma, ya que se trata de otra participación en su calidad del Presidente de la República del querellado”.

El escrito va acompañado del reportaje hecho por radio Biobío y donde se señala que “se configura el ilícito de negociación incompatible por el cual se querelló mi representado en esta causa”.

“En este caso, el señor Piñera también actuó como Presidente de la República, beneficiándose personalmente y a su familia directa con información que podía tener en su calidad de Presidente por sus subordinados (…) en este caso, con información privilegiada respecto al impacto ambiental, se siguió negociando. Esto necesariamente llevó a subir el precio de la participación y se vendió en mejores situaciones. Acá se está evidentemente usando todos los recursos de la administración para beneficiar intereses privados”, precisa el documento presentado ante la justicia.